Más recursos para la regularización masiva de inmigrantes ilegales aprobada por Pedro Sánchez. En las últimas horas, trabajadores del Ayuntamiento de Madrid han informado a LA GACETA que se ha solicitado asistencia sanitaria urgente para atender a los inmigrantes ilegales que pretenden regularizar su situación.
Según han podido confirmar fuentes municipales, la causa principal de este colapso es el límite impuesto por el procedimiento: sólo se permite la regularización de unos 100 expedientes al día en las oficinas habilitadas, mientras que cientos de personas acuden diariamente desde primera hora de la mañana, formando aglomeraciones que se extienden durante horas bajo el sol.
Esta situación ha generado no sólo malestar físico entre los solicitantes —con episodios de deshidratación, golpes de calor y agotamiento—, sino también tensión creciente que ha derivado en varias trifulcas y altercados. Los trabajadores, inquietos por su propia seguridad y por la falta de medios, han tenido que pedir refuerzos sanitarios para poder continuar con su labor.
Este caos no es un incidente aislado, sino la consecuencia directa del programa de regularización masiva impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha abierto la puerta a la legalización exprés de decenas de miles de inmigrantes en situación ilegal en todo el país. La medida ha saturado los servicios administrativos de las grandes ciudades, especialmente en Madrid, donde los recursos humanos y materiales no han sido ampliados proporcionalmente. Fuentes internas del Consistorio denuncian que las oficinas de extranjería y los puntos de atención al ciudadano están al límite, con colas que obligan a los solicitantes a pasar la noche en la calle o a regresar al día siguiente sin garantía de ser atendidos.
El colapso se agrava por el efecto llamada que ha provocado la iniciativa: en las últimas semanas, se ha registrado un incremento exponencial de llegadas a la capital de personas procedentes de otras regiones que buscan beneficiarse de la regularización, lo que ha desbordado no sólo las dependencias municipales, sino también los servicios sociales, sanitarios y de seguridad. Trabajadores consultados por LA GACETA alertan de que, sin un aumento inmediato de personal, infraestructuras y presupuesto, esta situación podría derivar en un problema de orden público de mayores dimensiones, con riesgos evidentes para la convivencia en los barrios afectados.
