El Ayuntamiento de Vic, gobernado por los separatistas de Junts, vuelve a situarse en el centro de la polémica lingüística tras imponer el catalán como lengua «por defecto» a las empresas que aspiren a prestar el servicio municipal de desratización y control de plagas, según denuncia Convivencia Cívica Catalana (CCC), que ha presentado un recurso contencioso-administrativo y solicitado la suspensión cautelar del contrato.

Según publica ABC, la entidad recuerda que el Consistorio fue el primer ayuntamiento condenado por exigir un nivel de catalán considerado excesivo a sus empleados públicos. En un primer momento reclamó un B2 a los aspirantes a un puesto de albañil de cementerios, exigencia que los tribunales obligaron a rebajar al nivel básico A2. Meses después, volvió a elevar el listón al pedir un B1 para una plaza general de albañil.

Ahora, según CCC, el Ayuntamiento utiliza la contratación pública para trasladar esa política lingüística a empresas privadas. El pliego de condiciones del contrato, publicado el 12 de enero de 2026, establece que en la relación con los destinatarios del servicio «se hará servir el catalán por defecto», una cláusula que, a juicio de la asociación, convierte al castellano en una opción «subordinada y residual».

«No se trata de garantizar la atención en catalán, sino de imponerlo como regla obligatoria de funcionamiento», subraya CCC en un comunicado. La entidad sostiene que esta práctica vulnera los principios de neutralidad, igualdad y libre concurrencia que deben regir la contratación pública.

El recurso también cuestiona que el pliego extienda estas obligaciones lingüísticas a subcontratistas, afectando a rótulos, avisos, comunicaciones y documentación vinculada a la ejecución del contrato. Según CCC, esta carga puede disuadir a operadores no implantados localmente de concurrir a la licitación, generando «barreras de acceso al mercado».

Además, el documento incorpora una previsión que refuerza la preferencia lingüística: en caso de discrepancia entre versiones de los documentos contractuales, prevalecerá la versión en catalán. Para la asociación, esta cláusula atribuye «primacía normativa» a una lengua concreta y desborda el principio de cooficialidad.

Ángel Escolano, presidente de CCC, afirma que «la Administración no puede utilizar la contratación pública para imponer un modelo lingüístico a empresas privadas». Y añade: «No se discute atender en catalán, sino imponerlo como regla obligatoria y por defecto».

La entidad ha pedido la suspensión cautelar del procedimiento al considerar que permitir que avance la licitación podría producir «efectos irreversibles» en la concurrencia antes de que exista un pronunciamiento judicial.