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Sánchez Gordillo y la utopía comunista pagada con subvenciones

El califato rojo de Marinaleda

«Marinaleda, una utopía hacia la paz», reza la celosía de azulejos que adorna la fachada principal del ayuntamiento de este municipio sevillano. En él, un pueblo idílico y una paloma blanca que lo sobrevuela. Y es verdad, la paz social de Marinaleda, perteneciente a la Red de Municipios por la Tercera República, once en total en España, se ha conseguido con las subvenciones públicas. Durante 44 años, el alcalde más antiguo de España —junto a Luis Partida—, Juan Manuel Sánchez Gordillo, el califa rojo, como le apodan, ha hecho y deshecho a su antojo un proyecto de colectivización de las tierras, un comunismo primitivo, totalitario, donde todo pasaba por sus manos y él era el que repartía el trabajo e intentaba controlar a sus más de 2.600 habitantes.

Sánchez Gordillo (Aguadulce, Sevilla, 1952), y Marinaleda han sido uña y carne y nadie entendería lo uno sin el otro. Diputado del Parlamento de Andalucía durante 12 años, ya no se presenta este 28M después de haber sufrido varios ictus. Toda una vida política construida como un mesías de la lucha jornalera con su pañuelo palestino al cuello. Siempre apoyado por grupúsculos minoritarios de extrema izquierda como la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Sindicato Obrero del Campo (SOC). En su haber, ocupaciones de fincas (la mayor parte de ellas de escaso valor agrícola), huelgas de hambre y la autoría intelectual del asalto a dos supermercados.

El líder de la ultraizquierda ha ganado las 11 elecciones municipales celebradas desde 1979, siempre por mayoría. En 1983 hizo pleno, once de once concejales. Su peor resultado fue el de los últimos comicios, donde obtuvo la vara de regidor por sólo 44 votos a su favor contra una candidatura independiente surgida en gran parte de sus propias filas. Pero ya ha dejado heredero declarado, el segundo teniente de alcalde, Sergio Gómez Reyes.

Paraíso fracasado

A Marinaleda, en la sierra sur de Sevilla, muchos la siguen viendo como el paraíso terrenal prometido, donde el trabajo está garantizado por las cooperativas si la disciplina comunista hace el resto. Pero la realidad es muy distinta y se parece más bien al fracaso de todos los intentos marxistas de colectivizar los medios de producción, cero progreso. Porque de los murales del Che Guevara que adornan sus calles y de las cooperativas sobredimensionadas donde hacen falta 50 jornaleros y trabajan el doble, poco se puede aprovechar.

Para entender el caudillismo que ha ejercido Sánchez Gordillo hay que remontarse a mediados de los ochenta. Los vecinos del pueblo reclamaron la expropiación de la finca El Humoso, propiedad del duque del Infantado, que este solo utilizaba para ocio personal. Dicen las crónicas de la época que el duque mandó talar un camino de chopos donde los jornaleros se protegían del sol cuando ocupaban el cortijo en los meses de verano. En 1991 el Gobierno socialista andaluz expropió esas tierras: alrededor de 1.200 hectáreas que las cedió a ocho cooperativas marinaleñas. Basta echar un vistazo a sus nombres para entresacar conclusiones: Los Jornaleros; Tierra, Trabajo y Libertad; Domingos Rojos o Camilo Cienfuegos, entre otros. Todas acumulan impagos de 5,6 millones de euros a la Junta de Andalucía por el uso de una tierra en la que producen aceite, conservas de alcachofas, de habas, pimientos del piquillo y garbanzos; luego se introdujo el algodón. Hay una pequeña infraestructura fabril para la mecanización y envasado de las hortalizas. La venta de esos terrenos está pendiente y el caso está en el contencioso-administrativo. En su web, la cooperativa asegura que «el negocio medio anual asciende a seis millones de euros y durante las campañas genera empleo para más de 400 trabajadores, en su mayor parte mujeres del medio rural». Pero lo cierto es que las facturas de agua y de luz se acumulan sin que las compañías tengan la mínima esperanza de poder cobrarlas.

Mariano Pradas fue portavoz municipal del PSOE en Marinaleda hasta 2018, donde coincidiendo con su jubilación dejó la política. Sin pelos en la lengua contaba cómo gestionaba Sánchez Gordillo: «El alcalde de Marinaleda es el que dice quién va a trabajar y qué hay que sembrar… Actúa como el amo de un cortijo de 1.200 hectáreas sin ser suyo. Ahora está viendo que no han pagado las deudas, pero si las cooperativas se hubieran gestionado profesionalmente, esas hectáreas darían de comer a muchas familias». «Yo creo que las tierras deben estar en manos de los trabajadores pero si pagan la propiedad, como estipula la ley. Si los cooperativistas de Écija [otro municipio cercano] han abonado religiosamente los cánones de uso y pagarán la propiedad de la tierra durante 20 años, ¿por qué se le va a dar gratis las fincas a las cooperativas de Marinaleda?», añade. «Cuando faltaban cinco o seis meses para unas elecciones, Sánchez Gordillo ponía a todo el mundo a trabajar en las cooperativas, hiciera falta o no. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Si necesitan 20 personas, ¿por qué contratar a 50?», se preguntaba. «Él tiene dos cortijos: el ayuntamiento y Los Humosos. Aparte de manejar Los Humosos como si fuera su finca, Marinaleda ha sido el único pueblo donde hasta hace un año y medio el alcalde ha estado repartiendo el PER a quien le ha dado la gana y eso ha sido otra forma de presionar para comprar el voto», concluye.

PER y connivencia del PSOE y el PP

Lo que hoy se conoce como Programa de Fomento de Empleo Agrario tiene su origen en el año 1986. El PER fue impulsado para asentar a la población en zonas rurales deprimidas de Andalucía y Extremadura con una alta tasa de paro. Para ello, tanto el Gobierno central como la administración autonómica y las diputaciones provinciales se hacían cargo de financiación de unas inversiones destinadas a las infraestructuras de estas regiones, así como para la contratación de trabajadores eventuales agrarios. Con el paso de los años, la medida se extendió a autonomías como Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia o Aragón. El antiguo programa fijaba en 35 el número de peonadas que debe acreditar el trabajador. Sin embargo, en diciembre de 2017 se aprobó un real decreto ley que rebajó el mínimo a 20 por una serie de temporales que afectaron a las cosechas. Durante el mandato de Mariano Rajoy también se redujo el mínimo de días para acceder a las ayudas.

Entre las ayudas por el PER, la mayoría lo reciben mujeres que son las que trabajan en El Humoso y la «paguita» por desempleo de sus familiares, más las «chapus» que se puedan encontrar —en Marinaleda no tiene un plan urbanístico moderno y predominan viviendas de autoconstrucción—, muchos de los incondicionales vecinos de este comunismo primitivo salen adelante. Y este fenómeno sociológico sólo ocurre en el califato rojo a más de cien kilómetros de Sevilla. Todo con la connivencia tanto del PSOE como del PP, que la han dejado languidecer a ver si muere por su propio proyecto fallido. Eso sí, mientras le siga llegando la pócima mágica de las subvenciones y el mirar para otro lado, la «aldea gala» que hace bandera del anticapitalismo seguirá como hasta ahora.

Marinaleda ha vuelto a ser noticia estos días por el ataque a miembros de VOX. Es la primera vez que presentan una candidatura en este pueblo. Está encabezada por Jaso de Alaminos, un empresario catalán afincado en Andalucía que ha huido de la persecución secesionista. El viernes 12 de mayo el lema de «la utopía hacia la paz» del Consistorio se demostró como una fábula, una quimera, otro sueño. Insultos, varios militantes agredidos, dos heridos leves, un intento de atropello con un coche y la carpa del partido de Santiago Abascal por los suelos, los organizadores del acto escoltados por la Guardia Civil sacados a otro pueblo, El Rubio, fue el balance del comienzo de la campaña electoral. La paz sólo está al alcance de los que piensan como ellos, o al menos para los que les dejan sobrevivir como llevan hace más de 40 años.

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