El rechazo del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP), la modificación de la nueva Política Agraria Común (PAC), la burocracia europea y el Pacto Verde han provocado que el malestar del campo vuelva a desbordarse y se traduzca, una vez más, en protestas y movilizaciones por todo el país. Agricultores y ganaderos han decidido retomar la presión en la calle tras constatar que sus reclamaciones siguen sin respuesta efectiva por parte de las instituciones comunitarias.
El detonante inmediato ha sido el avance definitivo del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, un pacto que está a punto de firmarse con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y que el sector primario considera una amenaza directa para su supervivencia. A este frente se suma el temor a recortes presupuestarios, el aumento de exigencias administrativas y un marco normativo que, según denuncian, se diseña lejos de la realidad diaria de las explotaciones.
La tensión acumulada ya se hizo visible el pasado 18 de diciembre en Bruselas, cuando una contundente demostración de fuerza del sector agrario elevó la presión sobre los Estados miembros y forzó a retrasar la firma del acuerdo comercial. Pese a la oposición frontal de países como Francia, Austria, Irlanda, Polonia y Hungría, el respaldo final de Italia permitió que el Consejo de la Unión Europea diera luz verde al tratado.
Ese clima de confrontación se ha extendido ahora a los países más afectados por el acuerdo, entre ellos España, cuyo Gobierno ha sido uno de los principales defensores del acercamiento a Mercosur pese al rechazo unánime del campo. La sensación de abandono ha intensificado la respuesta de un sector que se siente utilizado como moneda de cambio frente a otros intereses económicos.
En este contexto, según ha avanzado El Debate, las principales organizaciones agrarias del país han decidido coordinar una respuesta conjunta. Asaja, COAG y UPA han diseñado un calendario de movilizaciones que se desarrollará entre el 26 y el 30 de enero, con protestas repartidas por territorios para adaptarse a las labores agrícolas y ganaderas, y con el jueves 29 señalado como la jornada central de este nuevo ciclo de reivindicaciones.
Los presidentes y secretarios generales de estas organizaciones —Pedro Barato, Miguel Padilla y Cristóbal Cano— presentaron de forma conjunta el plan de movilizaciones, endureciendo el tono frente a la clase política europea y nacional, a la que acusan de legislar de espaldas al campo y de poner en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones.
Desde Asaja, Pedro Barato expresó un rechazo absoluto al acuerdo con Mercosur en los términos actuales, al considerar que no garantiza igualdad de condiciones y genera una competencia desleal. A su juicio, sectores sensibles como el vacuno, la avicultura, el arroz, la miel, los huevos, el ajo, el etanol o el azúcar quedarían gravemente dañados. También cuestionó la eficacia de las cláusulas de salvaguardia, al recordar que la propia Comisión Europea admite que solo una mínima parte de las importaciones es inspeccionada.
«Los avances con las cláusulas de salvaguardia están muy bien, pero son una filfa porque la UE no sabe lo que entra en sus fronteras. La Comisión reconoce que sólo el 0,0082% de los productos importados son inspeccionados. Si no controlan la cocaína que entra en la UE… ¿cómo van a saber el vacuno que viene de Mercosur?», aseguró.
Por su parte, Cristóbal Cano, dirigente de UPA, reconoció que se han producido algunos cambios respecto a la propuesta inicial del acuerdo, aunque los calificó de insuficientes. Además, alertó de que el nuevo MFP apunta a recortes y a una desnaturalización de la PAC, con una mayor renacionalización que, en su opinión, debilita el proyecto europeo en lugar de reforzarlo.
Miguel Padilla, secretario general de COAG, fue especialmente crítico con la estrategia comunitaria y acusó a la Unión Europea de sacrificar a la agricultura y la ganadería para beneficiar a otros sectores. Señaló que los propios países de Mercosur admiten que no podrán cumplir los estándares europeos y criticó que potencias industriales como Alemania impulsen el acuerdo. También cargó contra el Gobierno español por no defender al sector primario y recordó los efectos negativos de pactos similares, como el firmado con Marruecos, que ha lastrado gravemente producciones como la judía verde y amenaza al tomate cherry.
