El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró en 2024 que «el tren vive en España el mejor momento de su historia». Hoy, los datos de la propia red ferroviaria y de los operadores desmienten esa afirmación: casi 1.200 limitaciones de velocidad, retrasos generalizados y un desplome histórico de la puntualidad reflejan un deterioro evidente del servicio.
La situación se agravó tras el accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas. A partir de ese momento, salieron a la luz graves carencias en el mantenimiento de las infraestructuras y comenzaron a atenderse las advertencias de los maquinistas sobre el estado de las vías.
Actualmente hay 1.196 limitaciones de velocidad activas en la red convencional. Estos datos han sido recopilados por la plataforma Dignitat a les Vies, que identifica los denominados «puntos negros» gracias a la información aportada por pasajeros y trabajadores del sector. La web, que permaneció bloqueada durante semanas por Adif, volvió a estar operativa el 27 de marzo, detalla El Debate.
El impacto en el servicio es directo. Según el último informe mensual de Renfe, sólo el 35% de los trenes llega puntual o con menos de cinco minutos de retraso. En la práctica, seis de cada diez convoyes llegan tarde, con una demora media de 25 minutos.
Antes del accidente de Adamuz, la puntualidad rondaba el 80%. Tras el siniestro cayó al 30% y llegó a desplomarse hasta el 24% en la semana siguiente. En febrero se produjo una leve recuperación, con cifras en torno al 44%, aunque muy lejos de los niveles habituales. En comparación con el año anterior, la puntualidad ha caído cerca de 30 puntos.
Si se amplía el margen a retrasos inferiores a diez minutos, la mitad de los trenes sigue llegando tarde. Aunque los retrasos superiores a 30 minutos han disminuido respecto a las semanas posteriores al accidente —del 40% al 11%—, siguen por encima de los niveles registrados hace un año.
Renfe e Iryo eliminan compensaciones pese al aumento de retrasos
En paralelo al deterioro del servicio, los operadores han endurecido sus políticas hacia los viajeros. Renfe y Iryo han decidido no indemnizar los retrasos provocados por limitaciones de velocidad derivadas del mal estado de las infraestructuras.
Renfe comunicó que los billetes adquiridos desde el 31 de enero «no generarán derecho a indemnización», mientras que Iryo adoptó una medida similar dos días antes. Ambas decisiones afectan directamente a miles de pasajeros y se producen en un contexto de retrasos generalizados.
El único operador que mantiene compensaciones es Ouigo, que ofrece reembolsos del 50% a partir de 60 minutos de retraso y del 100% si supera los 90 minutos.
Las asociaciones de consumidores han advertido de que la decisión de Renfe e Iryo podría vulnerar el reglamento europeo sobre los derechos de los viajeros ferroviarios. La normativa sólo contempla exenciones en casos extraordinarios, como catástrofes naturales o emergencias graves, pero no incluye deficiencias estructurales ni problemas derivados del mantenimiento de la red.
El contraste entre los datos reales y el discurso del Ministerio refleja un conflicto político de fondo: la gestión de las infraestructuras ferroviarias y el impacto directo sobre millones de usuarios. Mientras el Gobierno defendía la supuesta mejora del servicio, la red acumula incidencias, restricciones y un deterioro progresivo que ya afecta a la puntualidad, la seguridad y los derechos de los pasajeros.
