El ministro de Transportes, Óscar Puente, se enfrenta a una posible pena de hasta tres años de prisión por un presunto delito de encubrimiento relacionado con la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas.
Según ha avanzado Libertad Digital, la clave estaría en la sustitución de varios tramos de vía tras el siniestro. En concreto, se habrían reemplazado 42 metros de carril sin que existiera comunicación previa a la autoridad judicial que instruye el caso, lo que podría encajar en el tipo penal de encubrimiento si se demuestra que dicha actuación dificultó la investigación.
Este posible delito se suma a otra línea de investigación que podría derivar en responsabilidades aún más graves. En este sentido, Puente también podría afrontar una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel por un presunto delito de homicidio imprudente. La imputación dependería de si se acredita que tenía conocimiento previo del estado defectuoso de la infraestructura ferroviaria y no adoptó medidas para corregirlo, incrementando así el riesgo de accidente.
La particularidad de este tipo penal es que la condena no varía en función del número de víctimas, sino que se establece un máximo independientemente del resultado final, al tratarse de un delito no intencional.
En paralelo, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro, Cristina Pastor, ha ordenado nuevas diligencias para esclarecer lo ocurrido con la infraestructura ferroviaria tras el accidente. La magistrada ha requerido a ADIF que, en un plazo de cinco días, detalle las razones técnicas que motivaron tanto la sustitución de 36 metros de carril —de la que sí se informó— como la de otros 42 metros adicionales.
Asimismo, el organismo deberá identificar a la empresa que suministró el material presuntamente defectuoso, a los responsables técnicos que detectaron la incidencia y a las personas que recomendaron o autorizaron el cambio de los raíles. También se solicita información sobre los trabajadores implicados en estas decisiones.
La juez ha encargado además a la Guardia Civil de Córdoba que lleve a cabo actuaciones para investigar en profundidad estas intervenciones sobre la vía, con el objetivo de determinar si se ajustaron a los procedimientos legales y si pudieron alterar pruebas relevantes para el proceso judicial.
De acuerdo con la legislación vigente, el delito de encubrimiento castiga conductas como la alteración o eliminación de elementos relacionados con un delito con el fin de obstaculizar su esclarecimiento, así como cualquier actuación que facilite que los responsables eludan la acción de la justicia.
La evolución de la causa dependerá ahora de los informes que presenten tanto ADIF como las fuerzas de seguridad, que deberán aclarar si las actuaciones sobre la vía respondieron a criterios técnicos justificados o si, por el contrario, pudieron interferir en la investigación del siniestro.
