El juicio en el Tribunal Supremo sobre el caso que rodea al exministro José Luis Ábalos encara este jueves una sesión clave con la declaración de ocho testigos que vuelven a situar en el centro del proceso los supuestos pagos en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz, comisiones millonarias y movimientos de dinero en el extranjero. La vista reabre además el foco sobre un piso en el Paseo de la Castellana que el empresario Víctor de Aldama habría destinado al exdirigente socialista.
La empresaria Carmen Pano comparece de nuevo tras reiterar en distintas sedes judiciales que llevó personalmente dos bolsas con 45.000 euros cada una a Ferraz en octubre de 2020 por indicación de Aldama. Pese a la reacción del PSOE, que inició acciones legales por «falsas acusaciones», la testigo ha mantenido su versión sin rectificaciones. Este jueves será interrogada de nuevo, junto a Álvaro Gallego, el chófer que la trasladó en una de esas entregas.
También declara su hija, Leonor González Pano, imputada en la causa de Hidrocarburos y expareja de Aldama. Durante la instrucción, aseguró que el empresario le habló de una comisión de 500.000 euros vinculada al rescate de Air Europa. Además, mensajes intervenidos por la Guardia Civil apuntan a que Ábalos le habría ofrecido un puesto en su gabinete, que finalmente rechazó.
Otro de los focos de la sesión se sitúa en los movimientos de dinero fuera de España. La investigación de la UCO detectó un grupo de WhatsApp denominado «4 mosqueteros», en el que se hablaba de fondos en República Dominicana. Uno de sus integrantes, el socio de Aldama César Moreno, comparece este jueves. A ello se suma la testifical de Aránzazu Granell, empleada de una empresa vinculada al empresario, que ya reconoció haber entregado en dos ocasiones 10.000 dólares en efectivo al hermano de Koldo García en ese país. La investigación analiza si esos pagos constituían comisiones por facilitar negocios con la Administración.
La sesión también abordará el episodio del piso en el Paseo de la Castellana que Aldama habría pactado entregar a Ábalos. Dos personas que supuestamente residían en el inmueble declararán ante el Supremo. El propio entorno del exministro ha intentado desvincularle del asunto, llegando a calificar la operación de «estafa» y asegurando que el inmueble nunca fue ocupado por él.
El octavo testigo citado es Ignacio Granada, señalado por el exjefe de gabinete de la entonces vicepresidenta María Jesús Montero. Según la documentación aportada, habría intervenido en la gestión de una solicitud de aplazamiento de deuda tributaria vinculada a una empresa de Aldama.
La jornada de este jueves refuerza el eje central de la investigación: el rastro del dinero. Sobres en Ferraz, comisiones ligadas a decisiones públicas y movimientos internacionales vuelven a confluir en una causa que mantiene bajo presión al entorno político del exministro.
