El Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción consideran “muy significativa” la coincidencia temporal entre los pagos en metálico dentro del PSOE y los presuntos amaños de contratos públicos que se investigan en el conocido caso Koldo. Así se desprende del último informe remitido por la Guardia Civil (UCO) al Alto Tribunal, en el que se detallan entregas de dinero en efectivo y pagos opacos vinculados a José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.
Según fuentes próximas a la investigación citadas por El Mundo, el documento ha reforzado la hipótesis de que el PSOE mantuvo una contabilidad paralela o “caja B” para financiar sobresueldos y cubrir gastos de sus altos cargos. Los agentes destacan que los incrementos de pagos en efectivo hacia Ábalos, en algunos casos procedentes de sobres de Ferraz, se intensificaron tras su nombramiento como ministro de Transportes, coincidiendo con el inicio de los presuntos amaños en la adjudicación de obra pública.
El informe patrimonial de la UCO distingue dos circuitos de pagos: uno oficial, con gastos justificados por vías institucionales, y otro no declarado, empleado para cubrir desembolsos sin respaldo documental. Esa práctica, calificada como una “dinámica mantenida durante años”, se habría desarrollado entre 2014 y 2023, según el Instituto Armado.
El magistrado instructor Leopoldo Puente ha solicitado al PSOE que aporte todos los datos sobre las retribuciones abonadas a Ábalos y Koldo durante ese periodo, al apreciar indicios de fondos en efectivo no declarados. “El partido manejó dinero que no figura en su contabilidad oficial”, admiten fuentes del caso.
La Guardia Civil acredita en su informe entregas directas de dinero a Ábalos “no documentadas por el partido”, y detecta que parte de los movimientos coinciden con los años en que se habrían repartido comisiones ilegales. El análisis se solapa con el momento en que el comisionista Víctor de Aldama y la empresaria Carmen Pano relataron la existencia de mordidas dentro del Ministerio de Transportes.
Las declaraciones de ambos empresarios ante el Supremo resultan clave. Aldama describió un sistema interno de “cupos territoriales” dentro del PSOE, operativo desde 2018, con el que se repartían los beneficios de los contratos amañados. Aseguró además que una parte de las comisiones era “para el partido”, extremo que vincula directamente las mordidas con la financiación del PSOE. Por su parte, Carmen Pano confirmó que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede de Ferraz —dos pagos de 45.000 euros— por orden del propio Aldama.
La investigación también recoge el contenido del informe Cerdán, que apuntó a una posible financiación irregular del PSOE y al uso de códigos internos para referirse al partido. En conversaciones intervenidas entre Koldo García y el empresario José Ruz Martínez, ambos empleaban la palabra “ganadería” para designar a las formaciones políticas, “y en concreto al PSOE”, según concluye la UCO.
La coincidencia entre los sobres de dinero opaco y los amaños de obra pública es lo que el Supremo considera determinante para avanzar en la investigación. Si se confirmara que el dinero procedente de las presuntas comisiones acabó en manos del partido, podría configurarse un delito de financiación irregular, introducido en el Código Penal tras el escándalo de los papeles de Bárcenas en 2015.
Fuentes judiciales subrayan que el informe de la UCO “no emite juicios de valor”, pero los datos son concluyentes y deberán ser interpretados junto a los testimonios y pruebas ya recabados. Todo apunta a que el caso entra en una fase decisiva que podría implicar responsabilidad penal directa del PSOE como persona jurídica, tras la reforma legal de 2012.
