La investigación judicial sobre la presunta red organizada para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) y obstaculizar las pesquisas que afectaban al PSOE ha provocado un auténtico terremoto dentro de la Guardia Civil. Por primera vez, una causa judicial sitúa bajo sospecha actuaciones impulsadas desde la propia estructura de mando del Instituto Armado contra los agentes encargados de investigar casos especialmente sensibles para el Gobierno.
La magnitud de la crisis quedó reflejada esta semana cuando el teniente coronel Antonio Balas, responsable de algunas de las investigaciones más delicadas de la UCO, acudió a las dependencias centrales de la Guardia Civil con el respaldo del auto del juez Santiago Pedraz para recabar información sobre las presuntas maniobras desplegadas contra los investigadores. La escena causó una enorme conmoción entre los mandos del cuerpo. «La UCO está en Guzmán el Bueno», comentaban numerosos oficiales al conocer una situación inédita dentro de la institución.
El origen del conflicto se encuentra en la investigación de la denominada trama de las cloacas del PSOE. Según el auto judicial, la organización presuntamente dirigida por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán habría contado con apoyos dentro de la Guardia Civil para intentar desacreditar a los agentes que investigaban el caso Koldo y otras causas que afectan al entorno del Ejecutivo.
La resolución judicial describe una estrategia destinada a sembrar sospechas sobre la labor de la UCO. Entre los elementos analizados figura la utilización del término «UCO patriótica», una expresión que el juez define como «despectiva y contaminante» y que habría servido para cuestionar la legitimidad de las investigaciones sobre las tramas de corrupción vinculadas al PSOE.
En el centro de las sospechas aparece el capitán Juan Sánchez Yepes, antiguo miembro de la propia UCO. Según el instructor, habría facilitado información sobre la estructura de la unidad y sobre los agentes que dirigían las investigaciones, además de trasladar dudas sobre su actuación a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.
Aquellas sospechas terminaron derivando en investigaciones internas y expedientes dirigidos contra responsables de la Policía Judicial y de la UCO. Uno de los principales afectados fue el entonces coronel Rafael Yuste, superior jerárquico de Antonio Balas. Las pesquisas internas se centraron en la publicación de mensajes entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a que no se acreditó que dichas filtraciones procedieran de agentes de la unidad.
Dentro de la Guardia Civil, numerosos mandos consideran que el caso ha destapado un problema mucho más profundo. Fuentes consultadas por Vozpópuli apuntan al actual Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, como responsable último de autorizar algunos de esos expedientes. Las mismas fuentes le sitúan entre los mandos más próximos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Las críticas también alcanzan a la política de nombramientos y ascensos desarrollada durante los últimos años. Algunos oficiales denuncian que determinados mandos considerados afines han sido promocionados mientras otros perfiles incómodos para la dirección del cuerpo fueron apartados de puestos de responsabilidad. El caso del coronel Diego Pérez de los Cobos continúa siendo uno de los ejemplos más citados dentro del Instituto Armado.
La investigación judicial amenaza ahora con abrir una de las mayores crisis internas que recuerda la Guardia Civil. Lo que comenzó como una pesquisa sobre las cloacas vinculadas al PSOE ha terminado colocando el foco sobre una cuestión especialmente delicada: si parte de la cúpula del Instituto Armado colaboró en una estrategia destinada a desgastar a los agentes que estaban investigando las principales causas de corrupción que afectan al partido de Pedro Sánchez.
