Ceuta sigue siendo el punto más caliente y vulnerable de la frontera sur de Europa en estos momentos, donde la inmigración ilegal no da tregua y las instituciones locales pagan el precio de una política migratoria que parece invitar al descontrol. Fuentes de la Guardia Civil consultadas por LA GACETA confirman que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) está en situación de saturación absoluta, con casi 800 inmigrantes ilegales en instalaciones diseñadas para poco más de 500 internos. Este pico coincide precisamente con los primeros efectos visibles de la puesta en marcha del decreto de «regularización» masiva aprobado por el Gobierno a finales de enero.
El colapso del CETI es evidente. Para dar cabida a esta avalancha, se han tenido que instalar camas literas en cada espacio disponible, convirtiendo algunas zonas en improvisados dormitorios de emergencia. Fuentes internas del centro, respaldadas por testimonios de agentes de la Guardia Civil, describen un ambiente de tensión creciente: discusiones, roces y un cóctel explosivo de perfiles que complica la gestión diaria. Subsaharianos de Sudán, Burkina Faso o Guinea conviven con magrebíes de Marruecos y Argelia, generando fricciones culturales y logísticas en un espacio ya saturado que supera con creces su capacidad oficial de 512 plazas. Los traslados al continente —como los 150 recientes, incluyendo un grupo numeroso de argelinos y marroquíes— apenas alivian la presión, porque las entradas ilegales no paran.
En las últimas 48 horas se han producido múltiples tentativas de salto al vallado fronterizo, con más de 50 inmigrantes ilegales logrando acceder a territorio ceutí. Al otro lado, en la zona montañosa de Beliones, casi 1.000 inmigrantes se agrupan y organizan para nuevos asaltos en las próximas horas, según ha podido constatar LA GACETA en el terreno. Los guardias civiles, con dotaciones insuficientes y una valla obsoleta —sensores averiados, mallas antitrepa deterioradas y concertinas oxidadas—, temen un asalto masivo imposible de contener. «Estamos al límite», admite un agente consultado por este medio, señalando el estrés físico y psicológico acumulado y cómo el efecto llamada de los traslados y, sobre todo, del decreto de regularización, anima a más inmigrantes a intentarlo.
Este decreto, tramitado con urgencia y que permite regularizar a quienes acrediten estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025 (con requisitos como ausencia de antecedentes penales graves), se presenta oficialmente como una medida de integración para quienes ya están aquí. Sin embargo, su anuncio y tramitación han coincidido con un repunte claro en las presiones fronterizas, especialmente en enclaves como Ceuta, donde la percepción de que «España abre la puerta» se difunde rápidamente entre redes de traficantes y potenciales inmigrantes ilegales. Lo que empezó como un goteo se ha convertido en avalancha: este año ya se superan las 400 entradas ilegales, con picos como los 50 que han entrado hace escasas horas y el CETI roza los 800 ocupantes fijos pese a los traslados.
Un video obtenido en exclusiva por LA GACETA muestra la saturación actual del CETI de Ceuta como resultado previsible de una frontera porosa, recursos escasos y decisiones políticas que parecen alentar el caos. Mientras el Gobierno mira hacia otro lado y prioriza la regularización de quienes ya están dentro, Ceuta se convierte en el epicentro de un polvorín que amenaza con estallar de forma inminente.
