Un mes después del mayor apagón sufrido en España, el Gobierno sigue investigando a las principales compañías eléctricas para esclarecer qué causó el fallo y quién debe asumir responsabilidades por los daños económicos. Según fuentes conocedoras del proceso, equipos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto a personal del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), accedieron en mayo a las sedes de Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol.
La operación, que se llevó a cabo entre la segunda y la tercera semana del mes, ha implicado a más de diez funcionarios, incluyendo representantes del Ministerio para la Transición Ecológica. En algunos casos, las visitas se prolongaron más de 24 horas, y en Endesa y Repsol se extendieron durante dos días con el objetivo de recopilar grandes volúmenes de información para analizar con ayuda de empresas especializadas en inteligencia artificial, en busca del origen del apagón.
Estas inspecciones coincidieron con la comparecencia en el Congreso de la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, quien ha descartado que el incidente fuera consecuencia de un ciberataque a Red Eléctrica de España (REE), operadora de la red de transporte eléctrico y participada mayoritariamente por el Estado. Según Aagesen, las pérdidas de generación se iniciaron en subestaciones de Granada, Badajoz y Sevilla.
En cambio, desde las compañías, reina el silencio. Fuentes del sector eléctrico han evitado hacer declaraciones, aunque aseguran estar colaborando con la investigación. Mientras tanto, la patronal Aelec (que agrupa a Iberdrola y Endesa) ha pedido a REE que comparta toda la información técnica disponible y deje de emitir juicios públicos que «sólo contribuyen a la confusión». Asimismo, han señalado que el 20 de mayo se notificaron problemas de tensión antes del incidente, los cuales REE descartó inicialmente.
