El Gobierno está intentando aprovechar el caos generado tras el apagón del 28 de abril para reforzar su control político en Red Eléctrica, y el movimiento ya ha provocado consecuencias internas. La presidenta de la Comisión de Nombramientos de Redeia, Socorro Fernández Larrea, ha presentado su renuncia ante la imposición gubernamental de nombrar a un representante de Esquerra Republicana en el consejo de administración de la compañía.
El elegido es Albert Castellanos, ex mano derecha del presidente catalán Pere Aragonés, conocido por haber utilizado fondos públicos del ICO catalán para avalar a dirigentes del golpe separatista investigados por el Tribunal de Cuentas. Su llegada a un puesto remunerado con hasta 200.000 euros anuales responde, según confirman fuentes de El Mundo, a los pactos políticos del Ejecutivo para seguir en el poder.
Fernández Larrea, que formaba parte de la cúpula desde 2014, ha optado por mantenerse como vocal en la comisión de nombramientos, pero ha renunciado a seguir presidiéndola para evitar tener que presentar este tipo de decisiones al consejo. Su lugar lo ocupará Guadalupe de la Mata.
El asalto político a Redeia no se detiene ahí. A la entrada de Castellanos se suma la prevista incorporación de la exministra socialista Arancha González Laya, propuesta directamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). También se incorpora Natalia Fabra, experta en materia energética muy cercana al Ministerio de Transición Ecológica y colaboradora habitual de Moncloa, a pesar de ser presentada como «consejera independiente«.
Fabra es hija de Jorge Fabra, expresidente de Red Eléctrica de España y exconsejero de la Comisión Nacional de Energía en tiempos de Felipe González y Zapatero. En los últimos años, el Gobierno ya la promovió como consejera en Enagás, cargo que abandonó recientemente para ocupar este nuevo puesto.
