El apagón del pasado 28 de abril no fue un accidente imprevisto. Detrás del colapso eléctrico se esconde una decisión política: Moncloa ordenó a Red Eléctrica forzar el uso de energías renovables para presumir ante Bruselas de ser pioneros en la transición ecológica. La consigna era clara: «Todo al verde«, aunque eso supusiera poner en jaque la estabilidad del sistema.
La maniobra estuvo dirigida por la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Ambas recibieron instrucciones del Gobierno para acelerar el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, cuyo objetivo es que el 81% de la electricidad sea renovable en 2030. Pero el Ejecutivo quería adelantar ese hito, y para ello optó por forzar la red con programas «inestables», que priorizan la inyección de energía solar con condiciones meteorológicas favorables, aunque sin garantías de seguridad.
Al menos una semana y media antes del apagón, Red Eléctrica ya estaba ejecutando estos experimentos. Las pruebas se hicieron sin informar ni al sector ni a la ciudadanía. Y aunque el sistema aguantó varios días al límite, finalmente el 28 de abril colapsó, incapaz de gestionar una perturbación de 2,2 GW —que en condiciones normales sí habría resistido—.
El 23 de abril, cinco días antes del fallo, la web de Red Eléctrica mostraba una generación superior al 100% con renovables, una cifra que se estabilizó por las exportaciones. Pero el día 28, a las 12:30, el sistema operaba con un 72,66% de renovables, mientras la nuclear apenas representaba el 12% y la hidráulica no llegaba al 10%.
A pesar de lo ocurrido, Red Eléctrica presumía públicamente de récords históricos de energía solar. El 21 de abril, por ejemplo, publicó en X una cifra récord de 20.120 MW de potencia fotovoltaica, asegurando que suponía el 61,5% del mix peninsular. Sin embargo, el dato no era cierto. El 12 de julio de 2024 ya se había superado esa cifra con 20.147 MW, aunque entonces la proporción de renovables era del 50,5%, dentro de los márgenes de seguridad.
El problema no es la energía solar, sino el uso político y propagandístico que Moncloa hace de ella. La prioridad no era garantizar la estabilidad, sino poder anunciar titulares verdes ante Bruselas, aunque eso implicara exponer a millones de españoles a un apagón.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intensificó esta retórica en enero, durante el Día del Hidrógeno organizado por Enagás, donde defendió que España es «líder global en hidrógeno verde» y «la quinta economía más sostenible del mundo». En ese mismo discurso admitió que el Ejecutivo ha cambiado leyes, dado subvenciones y apostado «todo al verde» con el dinero del Plan de Recuperación.
Mientras tanto, las grandes eléctricas reclaman transparencia. A través de su patronal Aelec, Iberdrola, Endesa y EDP han denunciado que no hay una explicación oficial del apagón, y señalan directamente a Red Eléctrica. Ya el 20 de mayo alertaron de que hubo problemas de tensión antes del incidente, aunque la operadora los descartó en primera instancia. Curiosamente, dos días después, reconoció que algunas centrales no cumplieron con su función de control de tensión.
