El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a través del Centro Criptológico Nacional, alertó al Gobierno en octubre de 2024 de que China es un “objetivo prioritario” en campañas de ciberespionaje estatal. Lo hizo mediante su informe anual sobre Ciberamenazas y tendencias, donde señala directamente a los “actores estatales chinos” como una de las principales amenazas para la seguridad nacional.
Pese a esa advertencia, el Ministerio del Interior adjudicó a Huawei un contrato de más de 12 millones de euros para el almacenamiento de las escuchas judiciales de la Policía y la Guardia Civil, incluidas las investigaciones de la UCO, que afectan al entorno personal y político de Pedro Sánchez.
En el informe del CNI se destaca que el régimen chino cuenta con un ecosistema maduro de ciberespionaje, donde contratistas vinculados al Gobierno actúan bajo directrices del Partido Comunista. Subraya que China tiene las capacidades de ciberguerra “más avanzadas y practicadas” de Asia y una notable habilidad para adaptarse a los cambios geopolíticos y reorientar sus objetivos estratégicos.
Mientras Estados Unidos es el principal blanco del espionaje chino, la presencia de Huawei en sistemas sensibles de países aliados empieza a generar una fuerte alarma internacional. China, según recoge el mismo informe, vigila de forma sistemática la actividad de los usuarios en su ciberespacio.
Estados Unidos advierte: “España está jugando con fuego”
La polémica se disparó tras conocerse que el contrato con Huawei incluye la gestión de los servidores que almacenan escuchas legales, precisamente en momentos en los que la justicia investiga casos que rodean a familiares y colaboradores cercanos a Sánchez. El asunto ha encendido las alarmas en Washington.
En una carta enviada a la directora de Inteligencia de EEUU, Tulsi Gabbard, el congresista Rick Crawford y el senador Tom Cotton denuncian que Huawei es un agente del Partido Comunista Chino y que las leyes de inteligencia de Pekín obligan a la empresa a entregar cualquier información que se le requiera.
Los congresistas advierten que esta adjudicación podría permitir al régimen chino “acceso por la puerta trasera” al sistema de interceptación legal de un aliado de la OTAN, poniendo en peligro investigaciones sobre espías comunistas y otras actividades sensibles.
“España está jugando con fuego al poner en riesgo su seguridad nacional y la de sus aliados”, afirman, y acusan al Gobierno de Sánchez de abrir la puerta a una empresa controlada por el Partido Comunista Chino para custodiar información crítica.
La carta concluye con una advertencia directa: “Urgimos a revisar los acuerdos de intercambio de información con el Gobierno de España para asegurarse de que ningún dato compartido con sus servicios de inteligencia, defensa y policía sea revelado al Partido Comunista Chino”.
El Gobierno resta importancia al escándalo
Desde el Ejecutivo se insiste en que el sistema contratado con Huawei es “estanco” y no tiene conexión con el exterior, y que “cumple con los niveles requeridos en el Esquema Nacional de Seguridad”. También se amparan en que ha sido certificado por autoridades independientes.
Sin embargo, la advertencia del CNI y la reacción del Congreso estadounidense dejan en evidencia la ligereza del Gobierno de Sánchez en un asunto de seguridad nacional, en el que no solo está en juego la soberanía española, sino también la confianza de sus aliados internacionales.
