El juez Ismael Moreno ha recibido oficialmente la certificación del Congreso que confirma el estatus de aforado de José Luis Ábalos, complicando aún más su situación ante las investigaciones de la Audiencia Nacional. Dichas investigaciones apuntan directamente a su actuación como ministro de Transportes, vinculándolo a una trama de corrupción liderada por el empresario Víctor de Aldama, relacionada con la compraventa supuestamente irregular de material sanitario durante la pandemia, a través de la empresa Soluciones de Gestión.
El documento emitido por el secretario general del Congreso, Fernando Galindo, y presentado al juez del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, confirma que Ábalos es «diputado electo por la circunscripción de Valencia», habiendo adquirido la plena condición parlamentaria el 17 de agosto de 2023, tras presentar su credencial el día 7 del mismo mes. Esta condición sigue vigente, lo que otorga a Ábalos el fuero parlamentario que lo protege de ser investigado directamente por un juez ordinario.
Con esta certificación en su poder, el magistrado Moreno estaría en condiciones de remitir una exposición razonada al Tribunal Supremo para que sea este quien asuma la competencia de investigar a Ábalos, dadas las implicaciones de su condición de aforado. Esta posibilidad, cada vez más cercana, ha ganado fuerza tras el informe más reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que sitúa al exministro como el principal responsable de la adjudicación de los contratos cuestionados a la empresa de Víctor de Aldama.
A pesar de este creciente cerco judicial, Ábalos ha reiterado públicamente su inocencia. Tras conocerse que el juez Moreno había consultado a la Mesa del Congreso sobre su estatus, el pasado 10 de octubre, Ábalos lanzó un mensaje claro: «La defensa de mi inocencia va a ser intensa». En su despedida del programa Todo es Mentira, en el que había colaborado recientemente, aseguró que colaborará plenamente con la justicia y subrayó que «las conclusiones del informe de la UCO no acreditan nada».
En cualquier caso, el exministro, que ahora forma parte del Grupo Mixto en el Congreso, insiste en que no se ha lucrado con las operaciones bajo investigación y se mantiene firme en su postura de defender su inocencia en lo que podría derivar en una imputación formal por parte del Tribunal Supremo en los próximos meses.
