«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Por presunta malversación, cohecho, trafico de influencias y organización criminal

El Congreso retira la inmunidad parlamentaria a Ábalos para que el Tribunal Supremo pueda investigarlo

José Luis Ábalos. Europa Press

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles, con 345 votos a favor y ninguno en contra, conceder el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para investigar al exministro de Fomento y exnúmero 3 del PSOE, José Luis Ábalos. El caso en cuestión involucra acusaciones de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

La decisión se tomó en una sesión secreta, conforme al Reglamento del Congreso, pese a que Ábalos había intentado retrasar la votación. El exministro había solicitado que no se decidiera hasta que el Tribunal Supremo resolviera un recurso presentado contra la decisión del instructor del caso, Leopoldo Puente, de despojarlo de su fuero parlamentario. Sin embargo, la Presidencia de la Cámara rechazó su petición, argumentando que los letrados del Congreso no consideraron procedente atenderla.

La sesión también sirvió para que el presidente de la Comisión del Estatuto, Manuel Cobo (PP), expusiera las conclusiones del órgano, que ya había aprobado por unanimidad conceder el suplicatorio la semana anterior, también en una reunión a puerta cerrada. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, aprovechó para criticar los múltiples casos de corrupción que, según dijo, están poniendo al Gobierno socialista de Pedro Sánchez en una situación de «máxima tensión».

Ni Ábalos ni los representantes socialistas hicieron declaraciones tras la votación. De hecho, el exministro no estuvo presente en la Cámara Baja durante la sesión ni tampoco en el debate del decreto ómnibus de medidas económicas promovido por el Gobierno, que sí fue aprobado con el respaldo del PP. Curiosamente, también prosperó otra medida que permitirá compatibilizar la pensión con un empleo.

Ahora, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dispone de ocho días para remitir el acuerdo al Tribunal Supremo, aunque fuentes parlamentarias señalan que el traslado podría efectuarse antes del plazo establecido. Además, Armengol deberá comunicar al Supremo que cualquier resolución judicial que afecte a Ábalos deberá ser notificada al Congreso.

El caso Ábalos se suma a otros escándalos que han generado tensión en el Ejecutivo, en un momento especialmente delicado para el PSOE. El desarrollo de esta investigación será clave para evaluar las repercusiones políticas y judiciales de este episodio.

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