La próxima «regularización» masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Sánchez ha entrado en una fase decisiva tras el dictamen emitido por el Consejo de Estado. Según publica ABC, el informe, de carácter preceptivo aunque no vinculante, introduce advertencias sustanciales sobre el contenido del real decreto y cuestiona varios de sus fundamentos técnicos y jurídicos.
El texto normativo, cuya aprobación estaba prevista inicialmente para comienzos de abril, acumula retrasos y podría ser elevado al Consejo de Ministros en los próximos días. Sin embargo, el órgano consultivo ha señalado deficiencias relevantes . Entre ellas destaca la ausencia de una estimación clara del impacto presupuestario de la medida, pese a tratarse de un proceso de carácter masivo con implicaciones directas para distintas administraciones públicas.
Asimismo, el dictamen pone en cuestión la justificación política incluida en el preámbulo del decreto, en el que el Ejecutivo vincula la «regularización» a una demanda social derivada de una iniciativa legislativa popular debatida en 2024. El Consejo de Estado considera poco riguroso presentar la norma como resultado de un proceso amplio de participación ciudadana, sugiriendo incluso la supresión de dicha referencia.
El informe también identifica problemas de técnica normativa y cierto desorden en el articulado, cuya elaboración corresponde al Ministerio dirigido por Elma Saiz. Estas observaciones afectan a la coherencia interna del texto y a su adecuación al ordenamiento jurídico vigente.
En cuanto al contenido material de la «regularización», la propuesta distingue dos grandes grupos de beneficiarios: solicitantes de asilo o apátridas, e inmigrantes que acrediten un arraigo extraordinario. No obstante, el órgano consultivo expresa dudas jurídicas significativas sobre la inclusión de ambos colectivos en un mismo marco normativo, especialmente en el caso de los apátridas, que ya cuentan con regulación específica en el sistema jurídico español.
Otro de los puntos críticos se centra en el tratamiento de la vulnerabilidad como criterio para acceder a la regularización. El dictamen advierte de la falta de criterios objetivos definidos, lo que podría generar inseguridad jurídica y dificultades en la tramitación administrativa.
En relación con los requisitos documentales, el texto contempla la posibilidad de presentar documentos identificativos caducados, extremo que ha suscitado reservas tanto en el Ministerio del Interior como en el propio órgano consultivo, que se inclina por exigir documentación en vigor.
Especial atención ha recibido el requisito de carecer de antecedentes penales. El Consejo de Estado insiste en la necesidad de una verificación rigurosa y acreditada, señalando que, en ausencia de informes oficiales, los procedimientos deberían quedar en suspenso. También rechaza la utilización generalizada de declaraciones responsables como mecanismo sustitutivo.