Se agotan los plazos para que la «regularización» masiva de inmigrantes ilegales impulsada por el Gobierno de Sánchez eche a andar. Según un documento interno difundido por el sindicato UGT, publicado por The Objective, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha activado un «plan de choque» para hacer frente a la avalancha burocrática. El propio sindicato reconoce que la medida pretende regularizar a «entre 500.000 y 1.000.000 inmigrantes, pudiendo superarse esta cifra», lo que dispararía ampliamente las previsiones iniciales del Ejecutivo.
Fuentes sindicales alertan de que la magnitud del proceso «desbordará las capacidades operativas de la función pública», en un contexto ya tensionado por la falta de personal estructural. La preocupación se centra especialmente en organismos como la Seguridad Social, donde se han empezado a implantar medidas extraordinarias.
Entre ellas, destacan refuerzos de plantilla en horario de tarde —de 16:00 a 19:00 horas—, una práctica poco habitual en la Administración. Además, se han habilitado oficinas en distintas provincias para absorber parte de la carga. Sin embargo, los propios trabajadores consideran estas medidas claramente insuficientes.
La situación ha llevado al Gobierno de Sánchez a recurrir a la denominada “vía Tragsa”, mediante la contratación temporal de personal externo procedente de la empresa pública. El impacto no se limita a la Seguridad Social. Antes incluso de la publicación del Real Decreto que fijará los requisitos de la regularización, ya se han detectado problemas en departamentos dependientes de Interior o Política Territorial. En las comisarías de Policía, encargadas de la expedición de documentación, el sindicato CSIF advierte de una situación límite: «Vamos con la lengua fuera y cuando llegue abril las cargas laborales se van a hacer inasumibles«.
Las críticas también apuntan a las prisas del Ejecutivo, que estarían provocando una «situación de excepcionalidad» en los procedimientos administrativos. Los sindicatos denuncian prácticas con un encaje dudoso en la normativa habitual, en un intento de acelerar los trámites a toda costa.
Uno de los ejemplos más llamativos es la llamada “paradoja de la cita previa”. Aunque la mayoría de organismos públicos exigen este requisito, muchos inmigrantes ilegales carecen de los medios para obtenerla. Para solventarlo, el Gobierno ha autorizado a ONG, graduados sociales y sindicatos como intermediarios en la gestión de expedientes, facilitando una especie de «regularización exprés».
Este modelo, sin embargo, —insiste The Objective—podría generar un «cuello de botella» prolongado en el tiempo. Aunque el proceso está previsto entre el 1 de abril y el 30 de junio, cada solicitud tendrá un plazo de resolución de tres meses, lo que, según los trabajadores públicos, provocará un colapso que se extenderá más allá del verano.
Además, los sindicatos advierten de que la regularización no será el final del problema. La incorporación de hasta un millón de nuevos ciudadanos implicará gestionar documentación, ayudas y múltiples trámites administrativos adicionales, desde el DNI hasta prestaciones por desempleo.
