El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado a la Presidencia del Gobierno que facilite la identidad, los nombramientos oficiales y las retribuciones de los 380 asesores y cargos de confianza que trabajan en el entorno directo del presidente Pedro Sánchez, tras estimar una reclamación por silencio administrativo y concluir que la información solicitada tiene carácter público y debe ser accesible a los ciudadanos.
La resolución, adelantada por The Objective, sitúa ahora la responsabilidad en Moncloa, que deberá optar entre cumplir el requerimiento dentro del plazo fijado o impugnarlo ante los tribunales. El organismo independiente recuerda que el incumplimiento de los tiempos legales no constituye una mera irregularidad formal, sino una vulneración efectiva del derecho de acceso a la información pública.
En este caso concreto, la Presidencia del Gobierno no aportó ninguna justificación ni alegación que explicara la falta de respuesta a la solicitud, un vacío que refuerza la exigencia de entrega íntegra de los datos reclamados. El Consejo subraya que sólo una causa legal debidamente motivada permite limitar el acceso a este tipo de información, algo que aquí no concurre.
El alcance del requerimiento adquiere especial relevancia al cruzarse con la propia documentación administrativa de Presidencia. La relación oficial de puestos de trabajo identifica 380 plazas de carácter eventual no vacantes, lo que confirma que se trata de cargos actualmente ocupados. Aunque ese registro no incorpora nombres, sí permite trazar con precisión la dimensión de una estructura de confianza plenamente integrada en la actividad ordinaria del Ejecutivo.
Dentro de ese entramado, 143 puestos se destinan de forma directa a funciones de asesoramiento político y estratégico. En este grupo figuran vocales asesores, consejeros técnicos, directores de programas y asesores en sentido estricto, perfiles implicados en la planificación, la coordinación y el seguimiento de la acción gubernamental. A ellos se suman 51 plazas de secretaría y apoyo inmediato, ligadas a gabinetes y unidades de coordinación. El resto, 186 cargos, corresponde a personal eventual con funciones técnicas, administrativas o de soporte operativo.
La jerarquía interna refuerza el peso de esta red. Un total de 126 de esos puestos se encuadra en los niveles 28, 29 y 30, los tramos más altos de la escala administrativa. Se trata de rangos asociados a responsabilidades estratégicas y a complementos retributivos elevados, lo que sitúa a buena parte del personal de confianza en la franja directiva del organigrama de Moncloa.
Aunque la relación de puestos no identifica a las personas concretas, sí permite medir el impacto económico del sistema a través de los complementos específicos asignados a cada nivel. En la cúspide de la escala, un vocal asesor de nivel 30 percibe un complemento específico que alcanza los 41.000 euros anuales, una cifra que coloca a estos cargos entre los mejor remunerados del personal eventual de la Administración.
La exigencia de transparencia llega además en un contexto político marcado por investigaciones y controversias en las que han aparecido mencionados asesores y personas del entorno gubernamental. Referencias al denominado caso Koldo, a diligencias vinculadas a la etapa del exministro José Luis Ábalos o a la polémica en torno a una asesora relacionada con el entorno de Begoña Gómez han intensificado el debate público sobre la necesidad de trazabilidad institucional. Estos episodios pertenecen al ámbito judicial o mediático y no implican responsabilidades acreditadas en este marco, pero refuerzan el interés público por conocer quién ocupa estos puestos y en qué condiciones.
El Consejo de Transparencia insiste en que cualquier restricción al acceso a información pública debe estar sustentada en una motivación concreta y suficiente. Ante la ausencia total de argumentos por parte de la Administración, la resolución concluye que procede la entrega completa de los datos solicitados.
Desde el punto de vista organizativo, la documentación dibuja una Presidencia apoyada en capas sucesivas de asesoramiento estratégico, coordinación técnica y gestión operativa. Vocales, consejeros y asesores actúan como engranaje entre la dirección política y la ejecución administrativa, mientras que las unidades de apoyo sostienen la planificación diaria del Ejecutivo.
La publicación de la información ordenada por el Consejo permitirá contrastar nombres, perfiles y salarios, aportando claridad sobre una estructura que, por su cercanía al poder, concentra un evidente interés público. Con la resolución ya dictada, el foco se desplaza ahora al cumplimiento efectivo del mandato y a la respuesta de un Ejecutivo que deberá decidir si abre esa información o prolonga el pulso por la vía judicial.
