El Consejo de Transparencia ha ordenado al Ejecutivo hacer públicos los contratos firmados con aerolíneas para el traslado de inmigrantes desde Canarias a la Península. Esta resolución responde a la creciente presión para esclarecer la gestión de una crisis migratoria que, en 2024, se prevé alcanzará cifras récord con más de 41.425 llegadas registradas hasta noviembre, según datos del Ministerio del Interior.
La emergencia migratoria fue declarada en octubre de 2023 y ha implicado el uso de vuelos regulares y transporte por carretera para trasladar personas desde el archipiélago hacia la Península. Sin embargo, el Gobierno ha evitado detallar cuántos viajes se han realizado y cuánto han costado, argumentando dificultades para recopilar esta información.
El Consejo de Transparencia, en su dictamen del pasado 29 de noviembre, considera que estos contratos deben ser «información pública» y exige su acceso inmediato. Aunque la administración había anunciado que los documentos se publicarían en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el Consejo insiste en que esto no es suficiente y reclama copias directas de los acuerdos con las aerolíneas involucradas.
La última comunicación oficial sobre el tema se produjo el pasado 30 de julio, cuando la directora general de Atención Humanitaria, Amapola Blasco, envió un escrito que ofrecía escasa información. En él, afirmó que el coste total de los traslados «dependerá de la justificación presentada por los proveedores por los servicios realizados».
Hasta septiembre, el gasto en la emergencia migratoria había alcanzado los 400 millones de euros, y las previsiones indican que podría superar los 979 millones en 2024. Este desembolso incluye el traslado constante de personas, que ha sido criticado por su falta de transparencia y por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos.
Uno de los casos más señalados es el de Globalia, propietaria de Air Europa, una compañía rescatada por el Gobierno. Aunque las investigaciones judiciales aún están en sus primeras etapas y parte del caso fue desestimado por la Audiencia Provincial de Madrid por falta de pruebas concluyentes, las relaciones entre Globalia y el entorno del presidente Sánchez han sido objeto de debate.
El empresario Javier Hidalgo, propietario de Globalia, compareció en el Senado para defender que el rescate de Air Europa fue otorgado bajo «condiciones estrictas» y negó cualquier irregularidad en sus relaciones con el Gobierno. No obstante, persisten las dudas tras conocerse que mantuvo reuniones con figuras clave del Ejecutivo, como la esposa del presidente, Begoña Gómez, y otros altos cargos.
Este caso refleja la creciente preocupación por la transparencia en el uso de fondos públicos y la gestión de la crisis migratoria, especialmente en un contexto donde los costes y la adjudicación de contratos están bajo la lupa. La decisión del Consejo de Transparencia podría obligar al Gobierno a explicar detalladamente el destino del dinero y las condiciones de los acuerdos firmados con las aerolíneas.
