El PSOE se mueve a toda velocidad para protegerse del material que la Guardia Civil acaba de incautar al ex número tres del partido, Santos Cerdán. La Unidad Central Operativa (UCO) accedió el pasado viernes a los correos electrónicos de su cuenta corporativa tras una orden del magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, dentro de la investigación del caso Koldo. Y la dirección del partido, preocupada por el alcance que puedan tener esas comunicaciones, ha solicitado ya al juez que expurgue aquellos mensajes que, según su criterio, no estén relacionados con los hechos investigados.

En un escrito remitido al magistrado y al que ha tenido acceso La Razón, el PSOE reclama que bajo supervisión judicial se excluyan de la investigación todas las comunicaciones internas vinculadas a las competencias de Cerdán como secretario de Organización del partido. Aseguran, además, que, tras el registro, los servicios jurídicos del partido bloquearon la cuenta de correo y realizaron una copia de seguridad de toda la información. Es decir, el material no solo está en manos de la Guardia Civil, también lo controla Ferraz.

El propio partido detalla en su escrito que Santos Cerdán, como responsable de Organización, tenía capacidad legal para realizar contrataciones, gestionar la estrategia electoral, coordinar la comunicación del partido y dirigir los trabajos internos de la Comisión Ejecutiva Federal. En base a ello, exige al juez que se protejan todas las comunicaciones relativas a esas funciones, ajenas —según el PSOE— al objeto de la investigación.

El magistrado Puente ordenó el registro el viernes, autorizando a los agentes de la UCO a clonar la cuenta de Cerdán, una vez que éste renunció a su condición de aforado, lo que permite investigarle formalmente. Además, se han iniciado indagaciones patrimoniales y fiscales sobre su situación económica.

El detonante que llevó al juez a autorizar el acceso a sus correos fue un intercambio de mensajes de 2017 entre Cerdán y Koldo García, el asesor clave en la trama investigada. En ese correo, Koldo le solicitaba instrucciones para remitir su documentación a la Gerencia del PSOE de cara a su contratación. «Mándalo a s.cerdan@…», le respondió Cerdán. Dos meses después, Koldo confirmaba que, gracias a esas gestiones, ya estaba contratado en el partido.

Mientras el contenido de sus correos sigue bajo análisis, un nuevo documento agrava la posición judicial de Cerdán. La Guardia Civil ha entregado al juez un contrato firmado entre el propio Santos Cerdán y su amigo Antxón Alonso, en el que el dirigente socialista adquiría el 45% de la empresa Servinabar, una de las sociedades clave en el caso Koldo. El contrato, suscrito el 1 de junio de 2016, estipula la compra de 1.350 participaciones por un total de 6.000 euros.

Aunque los implicados habían negado la validez de este contrato, los agentes encontraron el documento original durante el registro practicado el pasado 10 de junio en el domicilio de Antxón Alonso, en Durango. El contrato está firmado por ambas partes, sellado por la empresa investigada y también por los juzgados de Durango.

La Guardia Civil sitúa a Alonso en el epicentro de la investigación, como responsable de Servinabar, firma que logró adjudicaciones millonarias en UTE junto a Acciona, como las obras del túnel de Belate. El hallazgo de este contrato complica aún más la situación procesal de Cerdán, cuyo círculo personal y profesional aparece cada vez más vinculado a los negocios bajo sospecha.