El despacho del jefe de la Abogacía del Estado ha sido trasladado a las dependencias del Palacio de la Moncloa, un movimiento que tuvo lugar antes del verano pasado. Este cambio supone que el abogado general, quien antes tenía su oficina en uno de los edificios del Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo de Madrid, ahora se encuentra más cerca de las oficinas del presidente del Gobierno. La reubicación ha generado debate, con algunas voces críticas en el ámbito judicial y dentro de la propia Abogacía, quienes consideran que la proximidad física a la sede del Ejecutivo puede crear una imagen de falta de independencia. Sin embargo, otros argumentan que la decisión responde a razones de eficiencia, centralización y optimización del uso del espacio.
La mudanza del abogado general, que coincidió con un momento de tensiones alrededor del papel de la Abogacía, también ha sido defendida por algunos como parte de un proceso de reorganización en el que otros empleados del mismo servicio también han cambiado de ubicación, aunque no necesariamente a Moncloa. Según estas fuentes, algunas oficinas subutilizadas estaban generando gastos considerables en alquileres. Asimismo, destacan que la centralización del despacho del abogado general en Moncloa facilita una mejor coordinación de las tareas transversales que la Abogacía realiza en apoyo de la Administración en su conjunto.
Una de las mayores controversias surgidas tras este cambio fue la querella interpuesta por la Abogacía del Estado contra el juez Juan Carlos Peinado, quien investigaba a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Este movimiento, presentado a finales de julio, causó un notable malestar entre diversos sectores de la Abogacía, donde se criticó tanto el contenido de la acusación como su oportunidad. Muchas de las voces disidentes interpretaron la querella como un intento del presidente Sánchez de interferir en el proceso judicial que involucra a su esposa.
El cambio en el liderazgo de la Abogacía también ha sido relevante en este contexto, detalla El Confidencial. En junio, David Vilas asumió el cargo de Abogado General del Estado, tras la salida de Consuelo Castro, quien ocupaba el puesto desde 2018 y dejó el cargo por motivos personales. Vilas, quien anteriormente había sido director general de Cooperación Jurídica Internacional, fue nombrado por el ministro Félix Bolaños, un hombre de confianza de este último. Pese a la aceptación generalizada que tuvo su nombramiento, la querella contra el juez Peinado ha supuesto un duro golpe para la imagen de la institución, que ya había sido criticada por su participación en temas tan delicados como la aplicación de la amnistía.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la querella contra Peinado, argumentando que los fundamentos presentados eran «especulativos» y acusando a Sánchez de intentar manipular la definición del delito de prevaricación para usarlo contra el juez que investiga a su mujer. Los magistrados del tribunal no sólo desestimaron la querella, sino que también criticaron el papel de la Abogacía del Estado, sugiriendo que su uso en este caso fue «extravagante» y que el presidente podría haber incurrido en un abuso de derecho. Uno de los jueces fue más allá al señalar que la querella representaba una violación de la separación de poderes, al insinuar que el Poder Judicial no debería interferir en las acciones del Ejecutivo.
