El Embajador en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, ha confesado que, junto a su hijo Alejo, cobró 4,5 millones de euros de la petrolera estatal PDVSA mediante «operaciones simuladas» a cambio de asesorías ficticias. De esta manera, Morodo reconoce al menos un delito fiscal cometido durante el ejercicio del año 2014 y acepta una condena de 10 meses de prisión y hacer frente al pago de multas por un importe de 1,4 millones de euros.
Ambos investigados han alcanzado un acuerdo con la Abogacía del Estado, que ostenta la representación de la Agencia Tributaria en el juicio que se va a celebrar esta semana en la Audiencia Nacional. Tanto el padre como el hijo reconocen haber utilizado un entramado empresarial que «carece de una causa real» con la finalidad de obtener «una reducción ilícita de la carga fiscal evitando la tributación directa de la persona física por IRPF».
Además, añade el pacto que «las cantidades percibidas» por estas entidades, que registraron ingresos millonarios procedentes de la petrolera estatal venezolana, fueron, en primera instancia, «disfrutadas e incorporadas al patrimonio personal de Alejo Morodo mediante transferencias directas o satisfacción de gastos de naturaleza personal».
Por otro lado, los investigados admiten que estas sociedades «comparten características comunes: la carencia de oficinas o instalaciones distintas del propio domicilio del socio; la ausencia de estructura, medios materiales o humanos para el ejercicio de su actividad; la ausencia de gastos propios de una empresa en funcionamiento; o la falta de contratación de otros servicios externos especializados para el desarrollo de su actividad».
