«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
En la actualidad, el 58,5% del sector público está vinculado a las comunidades

El empleo público en las autonomías ha aumentado un 63,6% en los últimos 20 años por el traspaso de competencias

Una mujer pasa a una oficina del SEPE, a 3 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Europa Press

El empleo público en España ha experimentado un notable crecimiento en las últimas décadas, especialmente en las Comunidades Autónomas, que concentran hoy el 58,5% del total de trabajadores del sector público, según datos del Instituto Nacional de Estadística y la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de este año. En septiembre de 2023, un total de 3.540.800 personas trabajaban en este ámbito, lo que supone casi el 19% del total de asalariados en el país, estimado en 18.665.000 empleados.

El auge del empleo en las administraciones autonómicas ha sido especialmente relevante, ya que en los últimos 20 años, el número de empleados en estas instituciones ha aumentado un 63,6%. En 2004, apenas 1,266 millones de trabajadores estaban vinculados a las comunidades, el 44% del sector público, mientras que en la actualidad esa cifra asciende a 2.071.600 personas, lo que representa el 58,5%. Este crecimiento está ligado, en gran medida, a la transferencia de competencias clave como educación y sanidad desde la Administración Central a los gobiernos autonómicos.

Por otro lado, la Administración Central ha visto un descenso en su peso relativo dentro del empleo público. En 2004, sus trabajadores suponían el 17% del total, pero hoy en día representan solo el 15%. A pesar de esta caída general, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, se han añadido 16.000 efectivos, lo que equivale a un incremento del 3,1%. Actualmente, la Administración Central emplea a unas 557.000 personas, frente a las 489.300 registradas hace dos décadas.

Las corporaciones locales también han mostrado un aumento en su plantilla a lo largo de los años, aunque menos pronunciado. Actualmente, los ayuntamientos, diputaciones y cabildos insulares reúnen a cerca de 701.000 trabajadores, un 20% del empleo público. Este número ha crecido un 16,8% desde 2004, cuando había 600.000 empleados, aunque su peso relativo ha disminuido ligeramente en beneficio de las comunidades autónomas.

En cuanto a las empresas e instituciones públicas, su representación en el empleo público ha caído significativamente en los últimos 20 años. En 2004, ocupaban a 206.000 trabajadores, el 7,16% del total, mientras que en la actualidad cuentan con 181.100 empleados, lo que equivale al 5,11%. A pesar de esta caída histórica, este subsector ha registrado un repunte desde 2018, con un incremento de 42.000 trabajadores bajo el actual Gobierno de coalición.

Este panorama general muestra que el crecimiento del sector público ha sido sostenido, con 373.300 empleados más desde 2018, un aumento del 11,78% en términos relativos. Sin embargo, la proporción de trabajadores públicos respecto al total de asalariados no ha variado significativamente en las últimas décadas. Hace 20 años, representaban el 19,1%, una cifra similar a la actual.

Gran parte de estos cambios responden al desarrollo del título VIII de la Constitución Española, que establece la distribución territorial del Estado entre municipios, provincias y Comunidades Autónomas. Este marco constitucional ha permitido la transferencia de competencias clave y, con ello, una reorganización del empleo público hacia las administraciones autonómicas y locales.

El sector público también refleja cambios demográficos en su composición. En 2018, cuando Sánchez asumió la presidencia, el 55,55% de los empleados públicos eran mujeres, frente al 44,45% de hombres. En 2023, la proporción femenina ha disminuido ligeramente al 48,27%, mientras que la masculina ha subido al 42,76%.

En términos históricos, el empleo público alcanzaba el 20,3% de la fuerza laboral hace una década. Aunque las cifras actuales son similares, el reparto interno y las responsabilidades han evolucionado, consolidando a las comunidades autónomas como las principales empleadoras dentro del sector público español.

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