El empresario acusado de haber financiado una vivienda al exministro de Transportes José Luis Ábalos en La Alcaidesa (Cádiz), Claudio Rivas, se encuentra en el centro de una compleja trama de fraude fiscal. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en 2020 Rivas habría defraudado 44,8 millones de euros a Hacienda. Esta investigación, dirigida por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, ha llevado a prisión tanto a Rivas como a su socio Víctor de Aldama, comisionista vinculado al caso Koldo, debido al riesgo de fuga. Ambos están implicados en un supuesto fraude masivo de 182 millones de euros relacionado con operaciones de hidrocarburos, tal y como ha adelantado el diario Abc.
La trama empresarial, creada para evadir el pago del IVA, funcionaba mediante un entramado de operadoras, suministradoras y comercializadoras, donde cada uno de estos niveles estaba ocupado por empresas instrumentales aparentemente independientes pero en realidad controladas por los mismos cabecillas. En esta estructura, las empresas interpuestas, conocidas como suministradoras, eran las encargadas de adquirir el hidrocarburo sin pagar el IVA, lo que les permitía reducir los precios del producto hasta un 21% por debajo del valor de mercado. Estas empresas vendían el combustible a las comercializadoras de la misma red o directamente a minoristas como gasolineras, lo que generaba un importante aumento en las ventas de las operadoras y un fraude millonario en el impuesto.
La empresa de Rivas, Keep it Save, figura entre estas suministradoras, que actuaban fuera de los depósitos fiscales y, por tanto, debían recaudar el IVA que recibían de sus clientes. Sin embargo, estos fondos no se entregaban a la Agencia Tributaria (AEAT), sino que se utilizaban para abaratar los productos y aumentar las ganancias. Este sencillo mecanismo permitía a la organización criminal incrementar significativamente sus ventas y maximizar el fraude.
Además del fraude fiscal, Rivas está siendo investigado por blanqueo de capitales, ya que se le atribuyen movimientos de 12,9 millones de euros a través de su entramado empresarial. Entre estas operaciones figuran la adquisición de criptomonedas por valor de 1,4 millones de euros, transferencias de 3,3 millones al extranjero y retiradas de efectivo por un total de 2,8 millones de euros. Cabe recordar que Rivas ya contaba con múltiples antecedentes policiales, que incluyen delitos de estafa y defraudación de fluido eléctrico, según el informe de la Guardia Civil.
La operación que ha sacado a la luz este entramado culminó el pasado 10 de octubre con la detención de 14 personas, entre ellas Rivas y Aldama, quienes fueron enviados a prisión preventiva. Según los agentes, la clave del fraude radicaba en interponer una empresa instrumental en la cadena de distribución, de manera que ésta no pagaba el IVA, permitiendo así la venta del producto a un precio mucho más competitivo y generando un beneficio directo para la organización.
