El empresario Rogelio Pujalte es uno de los ya más de 20 detenidos en la operación Delorme, conocida popularmente como Caso Koldo en referencia a Koldo García, asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. García habría dirigido presuntamente una organización criminal que cobraba mordidas de contratos públicos para la venta de material sanitario, especialmente mascarillas, durante la pandemia. Según El Confidencial, Pujalte es el responsable de una empresa llamada Depósito Judicial SL, encargada de almacenar los bienes, especialmente vehículos, que la Policía incauta a los delincuentes en sus operaciones, sobre todo contra el narcotráfico.
La misma información afirma que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula a Pujalte con los pelotazos de la empresa que vertebra la trama y que lograba los contratos con la Administración, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. También estaba relacionado con otro de los detenidos en la operación, el presidente del Zamora CF, Víctor Aldama. A los arrestados se les acusa de comisión de un delito de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho derivado de los contratos de varias administraciones para la compra de material sanitario durante la pandemia de covid.
El valor de los contratos de la empresa investigada superó los 50 millones de euros y se tramitaron con carácter de emergencia y sin publicidad. Con todo, el magistrado ha acordado que tanto el exasesor de Ábalos como De Aldama deben presentarse en el juzgado de forma periódica a instancias del Ministerio Público.
Los agentes pusieron a disposición del magistrado a cuatro de los 14 detenidos por las supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19 cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias.
Cabe recordar que este miércoles agentes de la Guardia Civil tomaron declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad y ‘número dos’ de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, Rafael Pérez, en relación con la investigación sobre las presuntas mordidas.
La toma de declaración también afectó a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, por el contrato de 3,4 millones de euros adjudicado a la empresa clave en el presunto fraude en la compra de mascarillas.
Fuentes del Ministerio del Interior reaccionaron a la información señalando que «no se pronuncian sobre un procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional y que tiene carácter de secreto«.