El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha descargado toda la responsabilidad sobre la gestión de las ayudas sociolaborales investigadas en el caso ERE en su director general de Trabajo Javier Guerrero que «trabajaba con absoluta libertad y discrecionalidad».
Fernández se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación en el juicio de la pieza política de los ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que entre 2001 y 2011 la Junta repartió más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según el juez instructor.
Es, junto a Guerrero, el único de los 22 acusados -entre los que se encuentran los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán- que ha pasado por prisión, donde ingresó por orden de la primera instructora del caso, Mercedes Alaya, en abril de 2012 y salió en agosto tras pagar 450.000 euros de fianza.
Antonio Fernández fue viceconsejero de Empleo del 2000 al 2004 (y como tal presidió un tiempo la agencia pública IFA -luego IDEA- a través de la cual se pagaban las ayudas) y consejero de Empleo del 2004 al 2010.
En ambos cargos coincidió con Guerrero como director de Trabajo al que ha asegurado este martes que «nunca le he dado una orden para que conceda una subvención o ayuda» ni él «nunca» le consultó o pidió el visto bueno para dar ninguna porque «tenía suficiente libertad y responsabilidad para saber cómo tenía que hacer su trabajo».
Asegura que Guerrero tenía toda la libertad
A preguntas del fiscal -por segundo día consecutivo- Fernández ha alegado que sólo despachaba con Guerrero las «líneas generales» de actuación ante conflictos laborales pero la cuantía de las ayudas la decidía el director de Trabajo «sobre la marcha» y «dependía de cada caso».
En todo momento ha atribuido a Guerrero la «autonomía», «libertad» y «responsabilidad» de la gestión del programa de ayudas para prejubilaciones y empresas en crisis.
Por ello ha dicho desconocer si con cargo al mismo se pagaron nóminas de trabajadores de sociedades, minutas de bufetes, campañas de publicidad, servicios de asesoría o rentas vitalicias.
El fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga le ha interrogado por la norma que recogía los criterios para ser beneficiario y cómo se podían informar los trabajadores y se ha remitido a los «comités de empresa» y las «asociaciones de empresarios» como interlocutores.
«No puede haber una norma y no la había porque no todas las situaciones eran iguales» ha dicho, aunque ha insistido en que eran ayudas excepcionales amparadas por el Reglamento andaluz de Subvenciones de 2001 y la orden del Ministerio de Trabajo de 1995.
El fiscal le ha mostrado un acta manuscrita de una reunión de 2005 a la que asistió junto al presidente de la Junta Manuel Chaves y los líderes de UGT y CCOO por la crisis de la empresa malagueña A Novo y le ha preguntado si estos conflictos laborales se debatían en el Gobierno andaluz y eran frecuentes reuniones con empresas y representantes de los trabajadores ante este tipo de crisis.
Fernández ha contestado que el Gobierno conocía «los grandes conflictos» ante los que «reflexionábamos y dábamos una respuesta lo más global posible» y también ha admitido que «es posible» que el presidente Chaves participara en reuniones con sindicatos y empresarios sobre algunas crisis de gran impacto como Delphi, pero ha negado que en las mismas se asumieran compromisos concretos.
El fiscal pilla a Fernández
También le ha preguntado si él recibía reclamaciones de colectivos de trabajadores para que les pagaran ayudas comprometidas por Guerrero y ha dicho que si llegaban, su jefe de gabinete lo distribuía a la dirección general correspondiente.
«¿Es su jefe de gabinete el que decide de qué se entera usted?», le ha cuestionado sorprendido el fiscal, ante lo que Fernández ha dicho que es un puesto de «íntima confianza».
Egocheaga le ha exhibido una carta en la que Fernández se dirige personalmente al director del IFA instándole a pagar la ayuda a los trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva «con cargo al programa de Javier Guerrero», ante lo que se ha limitado a decir que «toda regla tiene su excepción».
El interrogatorio a Fernández se ha interrumpido sobre las 13.50 horas por sus problemas de voz -padece una disfonía por la que su declaración se fue retrasando- y continuará el lunes.
El fiscal ha manifestado al tribunal que aún tiene para dos sesiones y su abogado para otra más, por lo que el interrogatorio del expresidente Griñán no comenzará antes del 4 de abril por la tarde.
