El exjuez de la Audiencia Nacional (AN) Baltasar Garzón, condenado por prevaricación, diputados de Sumar como Jaume Asens y Enrique Santiago, el diputado de los ‘comunes’ Gerardo Pisarello, el abogado del «procés» Jaume Alonso-Cuevillas —que llegó a representar al ex presidente prófugo Carles Puigdemont— o la exvocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Concepción Sáez se encuentran entre los más de 200 juristas que han firmado un manifiesto «por la amnistía, la democracia y la convivencia».
También constan Nicolás García Rivas, Antoni Llabrés Fuster, Javier Mira Benavent y Guillermo Portilla Contreras, autores de la propuesta de amnistía de Sumar; el que fuera vicepresidente del Gobierno de Francina Armengol en Baleares Juan Pedro Yllanes Suárez (Podemos); o el exalcalde socialista de Fuenlabrada Manuel de la Rocha Rubí, cuyo hijo ejerce actualmente de asesor en Moncloa.
En el texto, los firmantes expresan su apoyo a que «la mayoría parlamentaria pueda aprobar medidas como una ley de amnistía para contribuir a normalizar la situación política entre Cataluña y el Estado».
Así, señalan que «los objetivos de las amnistías, según el Derecho Internacional vigente, son alentar la reconciliación social y contribuir al restablecimiento de las relaciones normales en la vida de un país». Subrayan que «el indulto, la renuncia a la acción penal, la amnistía u otras figuras jurídicas equivalentes se han utilizado en distintos lugares del mundo». «Igual que en España, con normalidad. En Francia, en Italia o en Suiza hay leyes de amnistía», han dicho.
A su juicio, «el único límite excluyente para la amnistía en nuestro derecho, como en cualquier país civilizado, son los crímenes internacionales: los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, etc». Así, se muestran seguros de que «la Constitución no prohíbe la amnistía, que opera sobre las conductas, pero sí prohíbe los indultos generales, que operan sobre las condenas penales firmes».
