«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
el contrato tuvo un valor de 45 millones de euros

El fiasco de las pulseras «antimaltrato» de Igualdad: caras, chinas y con fallos graves

La ministra de Igualdad, Ana Redondo. Europa Press

Lo que iba a ser un proyecto pionero para proteger a las mujeres en riesgo extremo de agresión se ha convertido en un auténtico escándalo. Las pulseras telemáticas prometidas por el Ministerio de Igualdad —anunciadas como dispositivos «fabricados ad hoc»— terminaron siendo simples aparatos estándar producidos en China, apenas modificados, y que ya han demostrado fallos alarmantes. La situación es tan grave que la Fiscalía ha denunciado sus «múltiples fallos» y el propio Ministerio ha tenido que anunciar su retirada.

El contrato, adjudicado en 2023 por el equipo de Irene Montero y Ángela Rodríguez ‘Pam’, fue presentado como un avance histórico. Igualdad solicitó 45 millones de euros justificando que las pulseras debían fabricarse desde cero, al no existir en el mercado. Sin embargo, al publicarse los pliegos técnicos apenas nueve días después, esa exigencia desapareció.

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Cuando en marzo de 2024 las nuevas pulseras comenzaron a funcionar, la sorpresa fue mayúscula. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, denunció que su aspecto era «mucho peor» que el de las anteriores y que en páginas como AliBaba podían encontrarse modelos casi idénticos. La ministra Ana Redondo respondió acusándola de mentir, pero las dudas ya estaban sobre la mesa.

La gestión de la migración tecnológica resultó desastrosa. Vodafone y Securitas España, adjudicatarias del contrato, reconocieron que los dispositivos eran «estándar modificados», comprados a un proveedor chino a través de Oysta Spain. Los problemas se acumularon: durante meses no hubo datos fiables sobre quebrantamientos de órdenes de alejamiento, y los juzgados de toda España elevaron quejas al Consejo General del Poder Judicial, que llegó a calificar el sistema como «totalmente low cost».

La polémica ha destapado el mal funcionamiento de las 4.800 pulseras destinadas a proteger a mujeres en riesgo extremo. Mientras tanto, la memoria interna de Igualdad que justificaba la fabricación ad hoc permanece oculta, después de que la Administración rechazara publicar los detalles del contrato menor que sirvió de base para pedir los 45 millones.

En plena tormenta política, el «Gobierno más feminista de la historia» se enfrenta ahora a un nuevo revés: su proyecto estrella para combatir la violencia contra la mujer ha quedado en evidencia, con pulseras defectuosas, compradas en China y señaladas por la propia Fiscalía.

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