El fiscal general del Estado, Ćlvaro GarcĆa Ortiz, ha encargado a Anticorrupción que asuma el caso de la presunta trama de compra de voto Ā«a gran escalaĀ» en Melilla debido a Ā«su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y polĆtico, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popularĀ» en las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo.
AsĆ consta en un decreto firmado el jueves, donde el jefe del Ministerio PĆŗblico explica que se dan los requisitos establecidos en la ley para que esta FiscalĆa Especial asuma el caso.
Fuentes fiscales indican que se trata tambiĆ©n de una cuestión de coherencia interna por cuanto el caso de MojĆ”car (AlmerĆa) estĆ” en manos del fiscal delegado de Anticorrupción. En Melilla, al no existir esta figura delegada, era la FiscalĆa ordinaria quien habĆa entrado en la causa.
GarcĆa Ortiz expone que, Ā«suponiendo los hechos una manifestación de delincuencia o criminalidad organizada, atendiendo a su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y polĆtico, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular, asĆ como teniendo en cuenta la complejidad de las investigaciones a desarrollar, se estima que concurren los presupuestos que permiten la atribución de la competencia para el despacho del asunto a dicha FiscalĆa EspecialĀ».
El decreto detalla que las pesquisas realizadas hasta ahora por la PolicĆa Nacional —que han dado lugar a la apertura de una investigación judicial en Melilla— Ā«han puesto de manifiesto la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 50 euros a un importante nĆŗmero de ciudadanos alterando la mecĆ”nica legalmente establecida del voto por correoĀ».
Precisa que Ā«esta operación delictiva dio comienzo el 4 de abril, a raĆz de la publicación en el BOE de la convocatoria electoral, y habrĆa sido llevada a cabo, segĆŗn las averiguaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido polĆtico Coalición por MelillaĀ«.
Ā«Dichos individuos conformarĆan una estructura organizada, con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estarĆa financiando ademĆ”s con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido polĆtico indicado en licitaciones pĆŗblicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrĆan adjudicado durante la Ćŗltima legislatura en la ciudad autónomaĀ», indica.
Todo ello, apunta el decreto del fiscal general, podrĆa ser constitutivo de delitos electorales pero tambiĆ©n de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental.
Cabe recordar que por estos hechos la PolicĆa Nacional ha detenido y dejado el libertad a unos nueve supuestos implicados en esta presunta trama de compra de votos para el 28-M. Los arrestados estarĆan vinculados a Coalición por Melilla, partido mayoritario del Gobierno local.