El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha encargado a Anticorrupción que asuma el caso de la presunta trama de compra de voto «a gran escala» en Melilla debido a «su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular» en las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo.
Así consta en un decreto firmado el jueves, donde el jefe del Ministerio Público explica que se dan los requisitos establecidos en la ley para que esta Fiscalía Especial asuma el caso.
Fuentes fiscales indican que se trata también de una cuestión de coherencia interna por cuanto el caso de Mojácar (Almería) está en manos del fiscal delegado de Anticorrupción. En Melilla, al no existir esta figura delegada, era la Fiscalía ordinaria quien había entrado en la causa.
García Ortiz expone que, «suponiendo los hechos una manifestación de delincuencia o criminalidad organizada, atendiendo a su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular, así como teniendo en cuenta la complejidad de las investigaciones a desarrollar, se estima que concurren los presupuestos que permiten la atribución de la competencia para el despacho del asunto a dicha Fiscalía Especial».
El decreto detalla que las pesquisas realizadas hasta ahora por la Policía Nacional —que han dado lugar a la apertura de una investigación judicial en Melilla— «han puesto de manifiesto la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 50 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo».
Precisa que «esta operación delictiva dio comienzo el 4 de abril, a raíz de la publicación en el BOE de la convocatoria electoral, y habría sido llevada a cabo, según las averiguaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla«.
«Dichos individuos conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político indicado en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma», indica.
Todo ello, apunta el decreto del fiscal general, podría ser constitutivo de delitos electorales pero también de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental.
Cabe recordar que por estos hechos la Policía Nacional ha detenido y dejado el libertad a unos nueve supuestos implicados en esta presunta trama de compra de votos para el 28-M. Los arrestados estarían vinculados a Coalición por Melilla, partido mayoritario del Gobierno local.
