El fiscal general del Estado, Ćlvaro GarcĆa Ortiz, ha encargado a AnticorrupciĆ³n que asuma el caso de la presunta trama de compra de voto Ā«a gran escalaĀ» en Melilla debido a Ā«su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y polĆtico, dada la pretensiĆ³n de alterar la libre manifestaciĆ³n de la voluntad popularĀ» en las elecciones municipales y autonĆ³micas del prĆ³ximo domingo.
AsĆ consta en un decreto firmado el jueves, donde el jefe del Ministerio PĆŗblico explica que se dan los requisitos establecidos en la ley para que esta FiscalĆa Especial asuma el caso.
Fuentes fiscales indican que se trata tambiĆ©n de una cuestiĆ³n de coherencia interna por cuanto el caso de MojĆ”car (AlmerĆa) estĆ” en manos del fiscal delegado de AnticorrupciĆ³n. En Melilla, al no existir esta figura delegada, era la FiscalĆa ordinaria quien habĆa entrado en la causa.
GarcĆa Ortiz expone que, Ā«suponiendo los hechos una manifestaciĆ³n de delincuencia o criminalidad organizada, atendiendo a su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y polĆtico, dada la pretensiĆ³n de alterar la libre manifestaciĆ³n de la voluntad popular, asĆ como teniendo en cuenta la complejidad de las investigaciones a desarrollar, se estima que concurren los presupuestos que permiten la atribuciĆ³n de la competencia para el despacho del asunto a dicha FiscalĆa EspecialĀ».
El decreto detalla que las pesquisas realizadas hasta ahora por la PolicĆa Nacional —que han dado lugar a la apertura de una investigaciĆ³n judicial en Melilla— Ā«han puesto de manifiesto la existencia de una operaciĆ³n a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 50 euros a un importante nĆŗmero de ciudadanos alterando la mecĆ”nica legalmente establecida del voto por correoĀ».
Precisa que Ā«esta operaciĆ³n delictiva dio comienzo el 4 de abril, a raĆz de la publicaciĆ³n en el BOE de la convocatoria electoral, y habrĆa sido llevada a cabo, segĆŗn las averiguaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido polĆtico CoaliciĆ³n por MelillaĀ«.
Ā«Dichos individuos conformarĆan una estructura organizada, con planificaciĆ³n previa y concertada, y la compra de votos se estarĆa financiando ademĆ”s con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido polĆtico indicado en licitaciones pĆŗblicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrĆan adjudicado durante la Ćŗltima legislatura en la ciudad autĆ³nomaĀ», indica.
Todo ello, apunta el decreto del fiscal general, podrĆa ser constitutivo de delitos electorales pero tambiĆ©n de malversaciĆ³n, prevaricaciĆ³n, cohecho y falsedad documental.
Cabe recordar que por estos hechos la PolicĆa Nacional ha detenido y dejado el libertad a unos nueve supuestos implicados en esta presunta trama de compra de votos para el 28-M. Los arrestados estarĆan vinculados a CoaliciĆ³n por Melilla, partido mayoritario del Gobierno local.
