El fiscal José Perals ha enmarcado los incidentes violentos ocurridos en la manifestación en la «dinámica desplegada por la izquierda abertzale radical», que es «contraria al cese de la violencia» de ETA.
El fiscal ha mantenido la acusación por terrorismo a los cuatro encausados por los disturbios ocurridos en una manifestación en el casco antiguo de Pamplona en 2017, ya que «no fue una simple algarada», sino que se siguieron «las pautas marcadas por la estrategia de ETA» y se creó «un clima de terror».
«El terrorismo es algo más que una organización de pistoleros matando gente», ha señalado el fiscal José Perals para sustentar su petición de 7 años de prisión por un delito de desórdenes públicos terroristas para Asier P.B., Rubén I.B., Endika E.M. y Julen P.G., encausados en el juicio que ha dejado hoy visto para sentencia la Audiencia Nacional.
El fiscal Perals, el mismo que acusa por terrorismo a los presuntos agresores de dos guardias civiles en la localidad navarra de Alsasua, ha enmarcado los incidentes violentos ocurridos en la manifestación del 11 de marzo de 2017 en la «dinámica desplegada por la izquierda abertzale radical», que es «contraria al cese de la violencia» de ETA.
«Las organizaciones desaparecen pero las ideas y la forma de actuar permanecen», ha asegurado el fiscal, para quien los disturbios se desarrollaron como parte de una actividad «planificada» que tenía «una finalidad terrorista».
De hecho, lo ha enmarcado en lo que se denominó «el frente de masas» de ETA, en sus diferentes grupos satélite y en la kale borroka pues, ha dicho, aunque «es cierto que todo ha cambiado» en la organización terrorista, «el ideario y los métodos de lucha permanecen» aunque sea de manera «más aislada o episódica por unos grupúsculos».
«No fue una simple algarada realizada por un grupo de jóvenes», ha señalado Perals, para quien los disturbios no representan un «caso aislado», sino que había una «unidad de propósito de causar daño» y de «crear un clima de terror y coacción».
«El frente armado es cierto que ha dejado de matarnos, que no es poco», ha precisado el fiscal, si bien ha dejado claro que sigue existiendo una «parte de ese entramado» que «se resiste a desaparecer» y que «persiste en la idea de seguir imponiendo su ley mediante la violencia y causando el terror».
Prueba de ello, ha proseguido, es que en la manifestación, para la que se fletó un autobús desde Guipúzcoa, se gritaron «las consignas de siempre» en defensa de ETA y de los presos, se lanzaron piedras y botellas y se incendiaron contenedores, y además los encausados iban con los rostros cubiertos, lo que demuestra «la intención de alterar paz pública» y de conseguir «impunidad».
El abogado de tres encausados, Iñigo Iruín, que fue senador y abogado habitual de algunos miembros de ETA y de dirigentes de la izquierda abertzale como Arnaldo Otegi, ha afirmado que no se ha podido probar el «pretendido amparo» de los manifestantes por parte de una organización terrorista y ha asegurado que nunca hubo «finalidad de alterar gravemente la paz pública ni de crear terror».
La defensa de Julen P. G., que ha solicitado su absolución o, en su caso, una pena alternativa de 1 año de prisión por desórdenes públicos, ha señalado que no ha quedado acreditado que su cliente tuviese «un previo acuerdo» con los organizadores para ir a la manifestación ni que tuviese la finalidad de provocar ningún incidente, y ha admitido que tiró una piedra pero que fue «un hecho aislado».
