La conocida como ley de nietos ha alterado el mapa electoral de la España rural, especialmente en aquellos municipios afectados por la despoblación, donde el número de españoles inscritos para votar desde el extranjero supera ampliamente al de los electores residentes en territorio nacional. Un total de 161 localidades presentan ya esta situación, según los datos difundidos por VOX, que ha puesto en marcha una plataforma para analizar el crecimiento del censo exterior ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La situación resulta especialmente significativa en Salamanca, La Rioja, Ourense y Soria, provincias en las que numerosos pueblos cuentan con más potenciales votantes fuera de España que dentro de sus fronteras. El fenómeno afecta principalmente a municipios pequeños, con una media de apenas 109 habitantes, y vuelve a situar bajo el foco las consecuencias electorales de las nacionalizaciones tramitadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
Uno de los ejemplos más llamativos se encuentra en Ventrosa (La Rioja). Esta localidad cuenta con 48 vecinos empadronados, pero registra 296 electores residentes en otros países, frente a 45 inscritos en el censo nacional. De esta manera, el voto exterior concentra el 86,8% del electorado total. Una situación similar se reproduce en Fuentestrún (Soria), donde alcanza el 82,3%; Junciana (Ávila), con el 80,4%; y Jaramillo Quemado (Burgos), donde representa cuatro de cada cinco electores.
La diferencia también es considerable en otros municipios con mayor población. Avión, en Ourense, dispone de 3.106 electores en el extranjero frente a 1.719 habitantes, mientras que Bande, en la misma provincia, registra 2.303 votantes exteriores y 1.460 residentes empadronados. En Asturias, Allande contabiliza 2.176 electores ausentes frente a 1.506 habitantes. Por su parte, La Fonsagrada (Lugo) encabeza la clasificación por número absoluto de inscritos en el extranjero, con 3.514 frente a una población de 3.073 personas.
El reparto territorial de estos 161 municipios también refleja una importante concentración geográfica. Salamanca encabeza la lista con 28 localidades, seguida de La Rioja, con 20; Ourense, con 17; Soria, con 15; Burgos, con 11; y Ávila, con diez. En otros pueblos, como Valdeprado (Soria), apenas residen ocho personas, mientras que otras 38 figuran en el censo exterior.
Este incremento de electores en el extranjero adquiere especial relevancia en las provincias donde los resultados electorales suelen decidirse por diferencias reducidas. Según el análisis difundido por VOX, Salamanca, Melilla y Zamora figuran entre los territorios donde el voto exterior podría resultar determinante para la adjudicación de un diputado. En Salamanca, el PSOE se quedó a 1.495 sufragios de conseguir otro escaño en 2023, mientras que el censo de residentes ausentes ha incorporado 4.910 electores desde la entrada en vigor de la Ley de Nietos.
En Melilla, que únicamente reparte un diputado en el Congreso, los 6.804 electores inscritos en el extranjero superan la diferencia de 6.504 votos que separó al PSOE de obtener el escaño en los anteriores comicios. Sin embargo, estas comparaciones no permiten anticipar el sentido del voto ni demostrar que el crecimiento del censo vaya a modificar necesariamente el reparto parlamentario.
El aumento también se observa en Lanestosa (Vizcaya), donde los electores residentes fuera de España han pasado de 107 a 210, lo que supone un crecimiento del 96,3% en una localidad de 244 habitantes. Los datos recopilados reflejan que, en los 50 municipios donde más se ha incrementado el censo exterior, la subida supera el 43%.
En paralelo, los resultados electorales analizados por la formación de Santiago Abascal muestran diferencias territoriales en las preferencias de los residentes ausentes. En Cuenca, el PSOE obtuvo el 42,1% del voto exterior, mientras que en Huesca alcanzó el 40,7%, porcentajes superiores al 27% de media nacional que recoge el análisis.
La batalla judicial contra las nacionalizaciones
Todo ello se produce mientras continúa el enfrentamiento judicial entre VOX y el Gobierno de Pedro Sánchez por la aplicación de la Ley de Nietos. La formación recurrió ante el Tribunal Supremo la instrucción aprobada en octubre de 2022 por Sofía Puente, entonces responsable de Seguridad Jurídica y Fe Pública, al considerar que su interpretación de la legislación había ampliado indebidamente las posibilidades de obtener la nacionalidad española.
El Alto Tribunal acordó en septiembre medidas cautelares sobre los efectos electorales de determinadas inscripciones en el censo exterior y, posteriormente, el 12 de octubre, rechazó el recurso presentado por el Ejecutivo contra esa suspensión. La controversia afecta a las personas nacionalizadas mediante esta vía que no puedan justificar las circunstancias de exilio exigidas en el procedimiento judicial, aunque el alcance definitivo de las restricciones continúa condicionado a la ejecución de las resoluciones.
Las cifras reconocidas por el propio Gobierno reflejan la dimensión del proceso: 600.684 solicitudes de nacionalidad aprobadas y 369.017 inscripciones consulares. VOX sostiene que la normativa aplicada desde 2022 ha permitido incorporar al censo a descendientes de españoles sin acreditar suficientemente los requisitos legales que, a juicio del partido, debían exigirse.
La formación también ha trasladado sus reclamaciones a la Junta Electoral Central, al Ministerio de Justicia y a las instituciones europeas. Entre otras medidas, ha solicitado una auditoría de las nuevas inscripciones, la revisión de la instrucción administrativa y garantías adicionales sobre el voto emitido desde el extranjero. Asimismo, ha reclamado al Senado que solicite un pronunciamiento urgente de la Comisión de Venecia.
A pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, la discusión se centra en determinar qué inscripciones pueden mantener sus efectos electorales y cómo deben ejecutarse las decisiones del Supremo. Mientras tanto, el fuerte peso del censo exterior en decenas de municipios de la España despoblada evidencia un cambio en la composición del electorado que podría adquirir especial importancia en aquellas provincias donde la disputa por el último escaño se resuelve por un margen estrecho.
