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La Asociación de Inspectores de Hacienda dijo que es inconstitucional

El Gobierno admite que negocia con ERC un «consorcio fiscal» para ceder a Cataluña el 100% de los impuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès. Europa Press

El Gobierno de Pedro Sánchez admite que en sus conversaciones con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) está sobre la mesa la posibilidad de crear un «consorcio fiscal» para ceder a Cataluña el 100% de los impuestos.

Así lo indican fuentes del Gobierno, que dicen que esa potestad, viene recogida el Estatut. En ese sentido, desde La Moncloa y también desde Ferraz insisten en que la propuesta que los socialistas harán a ERC para que apoyen la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, pasa por desarrollar lo ya recogido en el Estatuto de Autonomía.

Las negociaciones están en marcha, y están siendo pilotadas por el PSC, que hasta el momento no ha comunicado «ni avances ni retrocesos» respecto a un acuerdo con los republicanos que pueda abrir las puertas del Govern a Illa.

No obstante, reconocen que sobre la mesa está la negociación de este consorcio tributario —una propuesta que ya había lanzado Illa durante la campaña electoral de las elecciones catalanas del 12M— y que esta medida puede suponer la recaudación del 100% de los tributos, aunque no se han concretado los detalles ni el porcentaje de tributos que asumiría.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ya alertó de que la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña afectaría al control aduanero, con especial atención al narcotráfico.

Denunció que es «inconstitucional», que supondría la desaparición de la Agencia Tributaria en Cataluña y que implicaría problemas en la lucha contra el fraude organizado, habida cuenta de que «el fraude fiscal más complejo y sofisticado se extiende por los más diversos territorios, utilizando frecuentemente sociedades domiciliadas en distintas Comunidades Autónomas». «Fragmentar la información disponible equivale en la práctica a no poder combatir en un plazo adecuado los fraudes más graves», añadió la entidad.

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