El Consejo de Ministros aprobó este martes una nueva partida extraordinaria de 13 millones de euros destinada a las comunidades autónomas de Islas Canarias y de Baleares, así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para la atención de menores extranjeros no acompañados (menas).
Según el comunicado oficial del Ministerio de Juventud e Infancia, el archipiélago canario recibirá cinco millones de euros; Ceuta, 4,1 millones; Melilla, 2,7 millones; y Baleares, 1,2 millones.
Esta inyección económica no es aislada. Se suma a los 22 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez transfirió hace menos de un mes para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de acogida en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares. Además, hay que añadir el fondo de 100 millones de euros vinculado al Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo. En total, y sin contar las transferencias de crédito ordinario, el Ministerio de Juventud e Infancia ha puesto a disposición de estas comunidades y ciudades autónomas 135 millones de euros sólo en lo que va de año.
El Ejecutivo presenta este nuevo reparto como un apoyo necesario al «esfuerzo material y presupuestario elevado» que realizan las administraciones locales para la atención y el cuidado de los menas que llegan a España. Sin embargo, la magnitud de los fondos destinados pone de manifiesto la gravedad de una crisis migratoria que, lejos de controlarse, se ha acelerado de forma alarmante en los últimos meses, con un impacto directo en las arcas públicas y en la capacidad de acogida de los territorios más expuestos.
Canarias: cinco millones para el epicentro de la crisis
Canarias, que recibe la mayor parte de la nueva partida (cinco millones), sigue siendo el principal punto de entrada de la inmigración ilegal por vía marítima. Aunque el comunicado no detalla el número exacto de menores tutelados en las islas, la presión sobre el sistema de protección de menores es conocida y ha llevado a la declaración de contingencia migratoria extraordinaria. Los cinco millones se suman a las transferencias previas y al fondo del Real Decreto-ley, consolidando a Canarias como el territorio que más recursos recibe para gestionar una llegada masiva que no cesa.
Ceuta: 4,1 millones ante un repunte superior al 50% de la inmigración ilegal
En Ceuta, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reporta hasta el 19 de octubre un total de 3.332 inmigrantes llegados ilegalmente, lo que supone un incremento superior al 50% respecto al mismo periodo del año anterior. La ciudad autónoma, con una población de apenas 85.000 habitantes, recibe ahora 4,1 millones de euros para atender a los menas derivados de estas entradas. La presión sobre los centros de menores y los servicios sociales es extrema y el aumento de las llegadas por tierra y mar ha convertido a la ciudad en uno de los puntos calientes de la frontera sur.
Melilla: 2,7 millones para un aumento superior al 200% de la inmigración ilegal
Melilla, por su parte, registra 284 entradas ilegales según ACNUR, una cifra que parece modesta pero que representa un incremento superior al 200% en comparación con el año pasado. Con 2,7 millones de euros asignados, la ciudad autónoma —de apenas 12 kilómetros cuadrados— se ve obligada a reforzar sus dispositivos de acogida en un contexto de saturación. La valla fronteriza, los saltos masivos y las llegadas por mar siguen siendo una constante, y los menores no acompañados derivan en una carga presupuestaria que el Gobierno de Sánchez asume con fondos extraordinarios.
Baleares: 1,2 millones en emergencia migratoria con registros históricos
Baleares, declarada en emergencia migratoria el 16 de septiembre, recibe 1,2 millones de euros. Según datos de ACNUR consultados por LA GACETA, la comunidad ha registrado en lo que va de año 6.130 inmigrantes llegados ilegalmente, un incremento del 75% respecto al año anterior. Aunque tradicionalmente alejada de las rutas atlánticas, el archipiélago ha visto cómo las pateras procedentes del norte de África han multiplicado su presencia, especialmente en Ibiza y Formentera.
Un cheque en blanco sin control de fronteras
El desembolso acumulado de 135 millones de euros en menos de un año —sin contar las partidas ordinarias— ilustra la dimensión económica de una política migratoria que prioriza la gestión de las consecuencias sobre el control de las causas. Mientras el Ministerio de Juventud e Infancia celebra el «apoyo» a las comunidades, los datos de ACNUR revelan una realidad incontestable: las llegadas ilegales se aceleran en varios frentes: Baleares (+75%), Ceuta (+50%) y Melilla (+200%) son la prueba de que la presión migratoria se ha disparado y los menas —muchos de ellos en edad militar— se convierten en el argumento para justificar transferencias millonarias.
