El primer año desde la aprobación de la ley trans por el Gobierno de Pedro Sánchez arroja un balance atronador: los cambios de sexo legales han aumentado en España un 400%.
La norma es la más permisiva de toda Europa en materia de cambios de sexo. Para los adultos basta una simple solicitud para hacerlo efectivo en el registro civil y algunos menores ni siquiera necesitan el consentimiento de los padres. Es el resultado de una ley que, promovida por el Ministerio de Igualdad, ha eliminado el diagnóstico médico o psicológico como el requisito básico para acceder a un cambio de estas características.
En 2004, apenas tres personas lograron cambiar su sexo de forma legal en el registro civil, en 2022 esa cifra aumentó a 1.306 personas y en 2023 alcanzó las 5.139, el equivalente a casi 15 personas cada día. En los doce meses transcurridos desde el 2 de marzo de 2023, cuando la ley entró en vigor, los cambios legales de sexo han aumentado un 392%.
Mientras en España se conocen los resultados de aprobar la ley más abierta a la autodeterminación de género en Europa, el resto de naciones dan marcha atrás en sus legislaciones específicas para personas trans.
Este mes el Servicio de Salud Pública de Reino Unido ha decidido prohibir los bloqueadores de la pubertad en menores de edad después de considerar que «no existe evidencia científica» sobre las consecuencias de estos medicamentos, y en Francia varios senadores han firmado un informe en el que expresan su alarma por los «excesos» que se están cometiendo con la disforia de género en el ámbito infantil y han propuesto un proyecto de ley para restringir los tratamientos.
En concreto, ha sido la senadora de Los Republicanos Jacqueline Eustache-Brinio quien ha publicado una larga investigación sobre el asunto que califica los tratamientos con bloqueadores o la reasignación de sexo en menores de edad como «uno de los mayores escándalos éticos en la historia de la medicina«.
Este informe acusa a las asociaciones protrans y a los médicos especializados en este tipo de tratamientos de fomentar injustificadamente la transición de género en menores mediante una intensa campaña de propaganda en las redes sociales.
En Francia empiezan a ser conscientes, como ya lo son en otros países como Reino Unido, de los peligros de promover la transición menores, y la Haute Autorité de Santé (HAS), el organismo responsable de regular las políticas sanitarias, ya está trabajando en nuevas restricciones.
El informe de los senadores ejerce presión en esta dirección: creen que el peligro es evidente y quieren acelerar el calendario de prohibiciones. Así proponen una ley para antes de la llegada del verano que prohíba cualquier transición médica antes de los 18 años. Como acaba de hacer el servicio de salud pública inglés, quieren prohibir los bloqueadores de pubertad, las hormonas cruzadas y las cirugías de reasignación de sexo a los menores de edad.
Las conclusiones de este documento están en línea con las de los expertos británicos durante el escándalo de la clínica Tavistock, que sacudió a la opinión pública en el Reino Unido por su dramático uso de cirugías masivas de reasignación de género en menores. Entonces, el psiquiatra y psicoanalista británico David Bell observó que un tercio de los niños que pasaban por Tavistock padecían trastornos autistas y muchos eran víctimas de violencia familiar.
Desde entonces muchos otros informes han advertido de lo mismo. En España no parecen querer ver la realidad. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, considera un «éxito» la entrada en vigor de la norma hace ahora un año.
«La ley está funcionando y la gran mayoría de los cambios han producido una mejora en la vida de las personas y de las personas en transición», afirmó a principios de mes durante una comparecencia en la Facultad de Derecho de Valladolid.
