Álvaro García Ortiz será confirmado como fiscal general del Estado hasta 2027 en el Consejo de Ministros previsto para el próximo martes, iniciando así un nuevo mandato que arranca con una fuerte contestación interna y un duro fallo del Tribunal Supremo (TS) que le achaca «desviación de poder», y que tendrá como principales retos la batalla de la futura ley de amnistía a los golpistas separatistas en los tribunales y la reforma del Ministerio Fiscal para reforzar su autonomía.
Fuentes gubernamentales han indicado que será ratificado porque se trata de un «fiscal de carrera de reconocido prestigio».
García Ortiz fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Dolores Delgado anunciara su dimisión por razones de salud. Desembarcó en la jefatura de la Fiscalía General del Estado (FGE) procedente de su Secretaría Técnica, donde ejerció como «mano derecha» de Delgado.
Desde su llegada ha sido objeto de críticas por su estrecha relación con ella, rodeada también por la polémica por convertirse en fiscal general del Estado inmediatamente después de abandonar el Ministerio de Justicia.
Una de las primeras decisiones de García Ortiz fue ascender a su antecesora a fiscal de sala, con destino en la Sala de lo Militar, en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal, que apostó por el ex teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda por su amplia experiencia en derecho militar.
Rueda recurrió dicha decisión ante el Supremo, que acaba de darle la razón anulando el nombramiento de Delgado para la Sala Quinta del TS, lo que deja en el aire su continuidad como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo fue contundente al resolver que García Ortiz incurrió en una «desviación de poder», que calificó de «innegable», por ascender a Delgado por haber sido fiscal general del Estado. «Y ello no es, desde luego, el fin que el ordenamiento jurídico atribuye a la potestad de convocar y resolver vacantes en el empleo público, incluidas las plazas del Ministerio Fiscal», recalcó el alto tribunal.
