En un contexto de crecientes tensiones migratorias y una alerta antiterrorista que se mantiene en nivel 4 reforzado en España, el Gobierno de Pedro Sánchez ha publicado la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025. Aprobada el 14 de julio por el Consejo de Seguridad Nacional y hecha pública en el BOE el 5 de agosto, esta actualización de la versión anterior (2019-2023) reconoce, por primera vez de manera explícita aunque indirecta, los peligros que la inmigración ilegal representa no solo para el crimen organizado, sino también para la infiltración terrorista.
La estrategia, nacida del propio Ejecutivo que ha defendido repetidamente a España como «tierra de acogida» —tal como reiteró Sánchez en julio al negar planes de deportaciones masivas propuestos por VOX—, identifica la inmigración ilegal como un vector clave de vulnerabilidad. Debido a la posición geográfica de España —con costas extensas, proximidad a África y enclaves como Ceuta y Melilla—, el documento alerta sobre cómo las redes criminales explotan estos flujos para diversificar sus actividades ilícitas, incluyendo la trata de seres humanos y el narcotráfico. Más preocupante aún: se señala que estos movimientos migratorios pueden ser «instrumentalizados» por actores estatales o no estatales en contextos geoestratégicos, facilitando la «penetración de elementos delictivos o terroristas». Esto implica un paralelismo indirecto pero claro entre la inmigración ilegal y el terrorismo, donde rutas migratorias ilegales sirven como camuflaje para potenciales infiltrados, exacerbando riesgos de radicalización entre la inmigración.
Pese a reconocer la «instrumentalización» de los flujos migratorios ilegales por parte de actores estatales o no estatales como una amenaza geoestratégica, la estrategia elude nombrar a países específicos, como Marruecos, que históricamente han estado en el centro de controversias en este sentido. Recordemos los eventos de mayo de 2021, cuando más de 10.000 inmigrantes ilegales cruzaron a Ceuta en un solo día, en lo que muchos interpretaron como una maniobra de presión diplomática por parte de Rabat tras tensiones con España por la acogida de Brahim Ghali. Esta omisión en el documento, que prefiere un lenguaje vago y diplomático, plantea serias dudas sobre la voluntad del Gobierno de abordar con firmeza a Estados que podrían estar explotando la inmigración como herramienta de desestabilización, priorizando en cambio la cooperación internacional sobre medidas concretas contra actores específicos.
Este reconocimiento no es baladí. En un año marcado por alertas internacionales —como la revisión por parte de EE.UU. del nivel de riesgo para viajes a España a ‘nivel 2’ en mayo, citando terrorismo y disturbios— y con el Departamento de Seguridad Nacional alertando recientemente sobre un aumento en la violencia ligada al crimen organizado, la estrategia podría interpretarse como una admisión tardía de realidades que el Gobierno ha minimizado. Recordemos que, solo en abril, Interior intensificó medidas antiterroristas durante Semana Santa y la alerta nacional se mantiene en nivel 4 reforzado desde enero, tras incidentes globales que podrían repercutir en España. Sin embargo, el texto evita profundizar en medidas drásticas, optando por un enfoque «humanitario y multisectorial» que prioriza la cooperación con países de origen, en lugar de un endurecimiento frontal de las políticas fronterizas.
Mientras la estrategia admite estos riesgos, el Gobierno impulsa políticas que parecen contradictorias. En mayo, el Ejecutivo anunció planes para regularizar a medio millón de indocumentados llegados antes de 2025, con reformas al Reglamento de Extranjería que facilitan la inclusión vía formación, empleo y familia, potencialmente beneficiando a 300.000 inmigrantes ilegales al año durante tres años. Esta regularización masiva, más que ser un elemento de contención migratoria, es claramente un incentivo para la inmigración ilegal que contradice mucho de los puntos tratados en la Estrategia de Seguridad Nacional.
En conclusión, la citada Estrategia 2025 es un avance en el reconocimiento de hechos incómodos, como el nexo entre inmigración ilegal y riesgos terroristas. Pero, proveniente de un Gobierno que acelera regularizaciones mientras minimiza el impacto delictivo de la inmigración ilegal, corre el riesgo de ser mera retórica. España, como puerta de entrada a Europa, no puede permitirse más ambigüedades, es hora de priorizar la seguridad nacional sobre posturas ideológicas que, en última instancia, podrían costar muchas vidas.
