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LOS MAGISTRADOS SE PRONUNCIARƁN EL PRƓXIMO LUNES

El Gobierno da un golpe a la arquitectura legal… y EspaƱa espera en vilo al TC

El presidente del Gobierno, Pedro SƔnchez
El presidente del Gobierno, Pedro SƔnchez. Europa Press

Esta semana se ha vivido una gran tensión en el Congreso de los Diputados, no ya solo –como casi siempre– en lo dialĆ©ctico, sino tambiĆ©n legislativa y vital. El Gobierno y sus socios tienen muy claras sus intenciones, y la reforma del Código Penal ya es un hecho –a la espera de conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los recursos interpuestos por PP y por VOX–. La Ā«palancaĀ» de la sedición y la malversación fue la condición para aprobar los Presupuestos. Y el Congreso, sede de la soberanĆ­a nacional, ha sido testigo de una votación exprĆ©s en la que desde el Gobierno se ha acusado de Ā«golpismoĀ» a la oposición por recurrir ante el mĆ”ximo intĆ©rprete de la Carta Magna. La reforma del Ejecutivo incluye la eliminación del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación y la modificación de las leyes que afectan al propio TC y al Consejo General del Poder Judicial. Todo lo ha hecho el Gobierno en nombre, dice, de la voluntad popular.

El pasado jueves hubo malas formas y adjetivos muy gruesos… un Ā«ruido de sablesĀ» dialĆ©ctico propio de otras Ć©pocas. Ā«Estamos en diciembre, pero huele a febrero del 81Ā»; Ā«Estrategia reaccionariaĀ»; Ā«Han cruzado todas las lĆ­neas rojasĀ»; Ā«Se estĆ”n cargando a MontesquieuĀ», han seƱalado los portavoces de la izquierda parlamentaria. Se ha creado la dicotomĆ­a: o nosotros o la oposición golpista. Y la fragmentación es total y absoluta. Apenas hay diferencias entre el discurso de Bildu y el del PSOE, defienden lo mismo y atacan de la misma manera. Toda la izquierda en tromba considera que existe una derecha judicial que no tiene derecho a dictaminar nada sobre lo que ellos legislen. AsĆ­, han equiparado Tribunal Constitucional a PP y a VOX, y quieren renovarlo para que ningĆŗn recurso de la oposición contra el Gobierno prospere. Y mientras eliminan el delito de sedición y reforman el de malversación, han aprobado la Ley del Aborto y avanzan en su Ley de Bienestar Animal, otras dos leyes ideológicas.

El Gobierno no para de impulsar su agenda a base de decretos ley. Un decreto, ademĆ”s de tramitarse con urgencia, no permite enmiendas ni casi control de la oposición. En vĆ­spera de la Navidad y con la fórmula del Ā«decretazoĀ», SĆ”nchez ha mostrado su manera de hacer polĆ­tica, porque no tiene otra. Y la aritmĆ©tica parlamentaria le favorece, por lo que continĆŗa exponiendo su mĆŗsculo polĆ­tico frente a la oposición. La Mesa del Congreso tambiĆ©n estĆ” a su favor. Otra semana mĆ”s Batet ha sido protagonista al autorizar votaciones antes de la decisión del TC. Por ello ha recibido las crĆ­ticas de PP, VOX y Ciudadanos, que le han recordado que su actitud era la de Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento de CataluƱa en aquellos dĆ­as de septiembre de 2017. Pero Batet se lavó las manos… y la oposición –incluidos los 52 diputados de VOX, que votaron a favor de echar a SĆ”nchez en una moción de censura– denunció el Ā«maltratoĀ» y la Ā«parcialidadĀ» por su parte.

Ni los discursos del presidente manchego, Emiliano García-Page, ni del presidente aragonés, Francisco Javier LambÔn, ni la expulsión del histórico Leguina han provocado cambios de criterio en la bancada socialista. Ningún diputado levantó la voz. Ni de Castilla La-Mancha, ni de Extremadura, ni de Aragón, ni de ninguna otra región. Todos a una votaron con Patxi López, con Gabriel RufiÔn, con Pablo Echenique y con Bildu, y defendieron el mismo discurso. Hasta un diputado socialista, Felipe Sicilia, se atrevió a llamar directamente «golpista» a la oposición. «Hace 41 años la derecha quiso parar la democracia con tricornios y hoy han querido hacerlo con togas», dijo. Ninguno se ha rebelado, ninguno ha afeado la actitud de Batet ni de los miembros del Gobierno. Y todos votaron a favor de la Ley del Aborto de Montero, no han puesto enmiendas a la Ley Trans de Montero y tampoco a la Ley del «sólo sí es sí». Y mientras, España se mantiene en vilo antes de la pronunciación el lunes del Tribunal Constitucional ante la guerra que le ha declarado el Gobierno y espera que ser sedicioso y malversador no salga prÔcticamente gratis.

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