La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), vuelve a rendirse ante la inmigración masiva y abre la puerta a un sistema de puntuación que deja en desventaja a los jóvenes españoles extutelados dentro del programa público de Inserción Sociolaboral. La documentación oficial del contrato —con un valor estimado que asciende a 3,9 millones de euros entre base, modificaciones y posibles prórrogas— revela que uno de los criterios de mejora premia casi exclusivamente a las entidades que concentren sus talleres en usuarios inmigrantes.

El pliego, adelantado por @CanarioToday, incorpora un apartado específico para valorar la impartición de un taller de gestión documental o formación de al menos seis horas. Sin embargo, la puntuación sólo se otorga cuando la mayoría de los asistentes son inmigrantes:
• 15 puntos si al menos el 80% de los participantes son inmigrantes.
• 10 puntos si son el 60%.
• 5 puntos si son el 50%.

Para los jóvenes españoles extutelados —un colectivo que también depende de estos programas para integrarse en el mercado laboral tras cumplir la mayoría de edad— no existe ningún incentivo, puntuación adicional o criterio de refuerzo. No se valora su presencia en los talleres ni se contempla una mejora técnica que favorezca su atención equilibrada. El propio diseño del criterio convierte la nacionalidad o el origen en el factor determinante para obtener ventaja en la licitación.

El contrato, cofinanciado por la Comunidad de Madrid (60%) y el Fondo Social Europeo (40%), contempla una inversión total de 2.670.560,20 euros IVA incluido para el periodo 2026-2029, aunque el valor estimado asciende a 3.953.816,40 euros contando posibles ampliaciones. A pesar de esta elevada dotación económica, los beneficiarios españoles no reciben un reconocimiento equivalente dentro del sistema de mejoras.

El pliego —correspondiente al programa 232F y vinculado a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad— establece de forma explícita que el criterio de mejora no puede presentarse en más de una modalidad, pero en ninguna de ellas se incluye un apartado que equipare la atención a jóvenes de origen español con la destinada a inmigrantes.

La oposición interna y varias entidades críticas sostienen que esta fórmula supone una discriminación positiva basada únicamente en el origen, convirtiendo un programa de integración sociolaboral en un mecanismo que incentiva la atención prioritaria a un colectivo concreto, mientras deja en segundo plano a otro igualmente vulnerable. Según estas voces, la Comunidad de Madrid estaría renunciando a aplicar un modelo neutral y equilibrado, favoreciendo una dinámica que ahonda en la desigualdad entre jóvenes atendidos por la administración.