El Gobierno de María Chivite regó en pocos meses con un total de 651.000 euros a Adentro Construimos SL., la empresa que reformó la vivienda del ex número dos del PSOE navarro, Ramón Alzórriz, según ha adelantado The Objective. La constructora, con sede en Pamplona, recibió varias adjudicaciones públicas en un breve lapso de tiempo, gracias a contratos menores cuyo importe evitó por escaso margen los controles más estrictos previstos por la ley navarra.
El origen de estas adjudicaciones se sitúa en la sociedad pública Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio (Nicdo), entidad adscrita al Ejecutivo foral a través del Departamento de Cultura, Deporte y Turismo, y cuya dirección última recae en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), presidida por la propia Chivite. Nicdo, que gestiona instalaciones como el Navarra Arena, también asumió la reconstrucción del parque de Sendaviva tras el incendio de junio de 2022, financiada con la indemnización del seguro.
Las obras en el parque natural se dividieron en cuatro contratos, tres de los cuales fueron adjudicados a Adentro Construimos SL. De acuerdo con la documentación oficial, los importes se fijaron estratégicamente por debajo del umbral de 200.000 euros: 198.640 euros, 198.262 euros (ambos el mismo día, 15 de noviembre de 2023) y 197.200 euros un mes después. De haberse licitado como un solo lote, se habría requerido por ley la constitución de una Mesa de Contratación, además de una mayor concurrencia de empresas. Sin embargo, este fraccionamiento evitó dichos mecanismos de control establecidos por la Ley Foral 2/2018 de contratos públicos.
Curiosamente, la empresa adjudicataria no menciona en su página web ninguna referencia a su participación en las obras de Sendaviva, aunque sí figuran como adjudicaciones registradas ante la Hacienda foral. Esta opacidad coincide con el hecho de que Adentro Construimos SL fue también la encargada de renovar la residencia de Ramón Alzórriz, ex portavoz socialista en el Parlamento foral, íntimo colaborador de Santos Cerdán y recientemente dimitido tras conocerse que su pareja había trabajado en otra constructora bajo sospecha: Servinabar 2000.
La reforma del piso de Alzórriz, situado en una exclusiva zona residencial de Pamplona, habría durado unos siete meses e implicado un gasto estimado entre 150.000 y 300.000 euros, utilizando materiales de alta gama. El inmueble, de 114 metros cuadrados, cuatro dormitorios, dos baños, trastero y plaza de garaje, se encontraba en mal estado cuando fue adquirido en julio de 2024 a dos hermanas con hijos que vivían allí en condiciones humildes. Alzórriz suscribió una hipoteca por 306.000 euros más entrada para afrontar la compra.
La conexión entre su vivienda y las empresas adjudicatarias no acaba ahí. Servinabar, la firma donde trabajó su pareja entre 2021 y 2024, está siendo investigada por presuntas irregularidades en la concesión de obra pública, en una trama que salpica directamente al entorno de Santos Cerdán. Cabe recordar que el propietario de esta empresa ha sido recientemente imputado en la causa abierta en el Tribunal Supremo por el conocido caso Koldo.
