El Gobierno del PSC va a firmar con ERC y los comunes el denominado Pacta Nacional por la Lengua, un documento que fija las nuevas directrices para la imposición del catalán en el ámbito público y privado.
El documento marca como nuevos objetivos extender la imposición del catalán en la empresa privada y a la Administración General del Estado.
En este sentido, los socialistas y los separatistas quieren «impulsar el uso del catalán como lengua habitual en los centros de trabajo» o «promover desde la Administración cláusulas de contratación pública» que impongan como condición el conocimiento del catalán para optar a adjudicaciones de la Generalidad.
Además, buscan conseguir que la Administración general del Estado «asuma la oficialidad plena del catalán en lo que se refiere a las relaciones de la ciudadanía de Cataluña con las administraciones estatales y las empresas concesionarias».
El socialista Illa y sus socios de legislatura se comprometen a «garantizar» esa «oficialidad» plena «en las actividades presenciales del Estado en Cataluña, en las empresas públicas de titularidad estatal y en las empresas concesionarias, incluidas las grandes infraestructuras ubicadas en Cataluña, como puertos y aeropuertos».
