El Gobierno de Salvador Illa (PSC) está tratando de bloquear el impacto político del denominado caso DGAIA, una investigación sobre presuntas irregularidades estructurales en el sistema de protección de menores de la Generalidad que, tras salir a la luz en 2024 y estallar plenamente en 2025, avanza ahora hacia una peligrosa fase de parálisis.
El origen del escándalo se encuentra en un informe demoledor de la Sindicatura de Cuentas, que detectó anomalías graves en la gestión y adjudicación de ayudas públicas a jóvenes extutelados por un importe superior a 167 millones de euros. El documento describía un entramado de relaciones opacas entre la administración autonómica y entidades privadas del tercer sector, en una etapa en la que el departamento de Derechos Sociales estaba bajo control de Esquerra Republicana.
A ese primer golpe se sumaron posteriormente testimonios de presuntos abusos a menores y relatos sobre la ausencia de controles efectivos dentro del sistema asistencial, lo que reforzó la tesis de una negligencia prolongada y sistémica. Sin embargo, lejos de acelerar el esclarecimiento de los hechos, el caso comenzó a diluirse en el terreno político.
El actual equilibrio parlamentario ha permitido a ERC apoyarse en el PSC y en los Comuns para contener el daño. Las tres formaciones han coincidido en frenar la aplicación de las recomendaciones de la Sindicatura y en limitar el alcance de la comisión de investigación creada en el Parlamento de Cataluña, vetando comparecencias clave y asegurando un control férreo de los trabajos. Todo ello, según denuncian voces críticas, con la cobertura del silencio de los medios públicos y de buena parte del ecosistema mediático subvencionado.
Más de un año y medio después de que se destapara el escándalo, la causa permanece en un punto muerto. La vía judicial tampoco avanza: el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona sigue sin pronunciarse sobre una querella presentada el 1 de julio por una entidad sin ánimo de lucro, que acusa a dos exconsellers y a dos exsecretarios generales de delitos como prevaricación, omisión del deber de protección y negligencia grave. La falta de explicaciones sobre esta inacción judicial ha alimentado la sensación de bloqueo institucional.
A día 1 de enero de 2026, los únicos mecanismos formales activos para esclarecer lo ocurrido son la citada comisión parlamentaria y una auditoría interna impulsada por la propia Generalidad. Ambos procesos están dirigidos por el PSC, socio de ERC en el Gobierno, lo que ha llevado a la oposición a denunciar una situación de juez y parte.
En paralelo, se han producido episodios de presión y advertencias legales contra quienes tratan de profundizar en el caso. Medios independientes han denunciado amenazas por parte de responsables políticos y directivos vinculados al sistema. Entre los episodios más señalados figura la reacción del alcalde de Manresa, Marc Aloy, tras publicarse informaciones sobre la implicación de su entorno en presiones a un trabajador que actuó como alertador. También representantes de entidades del tercer sector, como FEPA, han advertido de posibles acciones judiciales contra periodistas que investigan la gestión de ayudas públicas.
Junto a esta estrategia defensiva, el Govern ha tratado de proyectar una imagen de reforma. La consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, anunció una reestructuración profunda de la DGAIA, acompañada incluso de un cambio de denominación. No obstante, las críticas sostienen que se trata de un lavado de cara, ya que el modelo de funcionamiento sigue intacto y la Generalidad ha renovado contratos con algunas de las fundaciones señaladas, como Resilis, implicada en el pago indebido de millones de euros en ayudas.
