El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles la primera Ley de Participación Institucional de Andalucía, un marco legal que reconoce oficialmente a los sindicatos UGT, Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) como «interlocutores esenciales» del Gobierno autonómico en materia de concertación social. Esta normativa establece que dichas organizaciones deberán ser consultadas en los anteproyectos de ley que les afecten, consolidando su papel en la toma de decisiones políticas.
La norma, que llega de la mano del presidente Moreno Bonilla, ha sido fruto de un acuerdo entre el PP y el PSOE. Durante su intervención en el Pleno, la diputada popular Jessica Trujillo destacó que esta ley representa una «manera de hacer política desde el consenso«, reconociendo «el papel histórico de los sindicatos y la patronal». Por su parte, Irene García, del PSOE, subrayó la importancia de que estas organizaciones trabajen para «blindar los servicios públicos que garantizan la igualdad entre los ciudadanos«.
Esta nueva normativa recoge específicamente que las organizaciones sindicales y empresariales recibirán una «compensación anual en concepto de indemnización por la participación institucional» que tendrá que solictarse cada año a la Consejería de Empleo antes del 1 de marzo y que deberá estar recogida en los créditos iniciales del Presupuesto de la Junta de Andalucía, «garantizándose» que la cuantía que recibirán las organizaciones empresariales serán iguales que las de las sindicales.
Estas subvenciones se abonarán con periodicidad trimestral y son incompatibles con otras que puedan percibirse con la misma finalidad.
VOX, única oposición
VOX se ha opuesto a esta normativa de forma contundente calificando a los sindicatos de «organizaciones criminales» y afirmando que esta ley es un intento de «blanquear a sindicatos corruptos» que, según el portavoz, han saqueado fondos públicos.
