El Gobierno de Juanma Moreno Bonilla ha iniciado la expropiación forzosa de más de cien pequeñas propiedades agrícolas en tres municipios de Jaén (Arjona, Lopera y Marmolejo) que supone la pérdida de 100.000 olivos. El objetivo es la construcción de dos megaplantas fotovoltaicas, un proyecto que han declarado como de «utilidad pública».
Los afectados han expresado su disconformidad y total rechazo, alegando que «va a acabar con la economía local y de la comarca, base del sustento de muchas familias». No sólo han recurrido la expropiación, sino que organizan constantes acciones de protesta sin apenas cobertura mediática. «No interesa a los medios», señalan.
Es un conflicto que se extiende a otras zonas de España, en las que las expropiaciones chocan con los intereses locales y la preservación del patrimonio cultural y natural. De hecho, la zona afectada en Jaén, equivalente a cien campos de fútbol, fue propuesta para ser declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO.
La sobreinstalación de placas solares, promovida y acelerada por las administraciones en manos del PP y del PSOE, están provocando una reducción de las superficies destinadas al cultivo. Los parques fotovoltaicos abarcan actualmente 50.000 hectáreas de tierra de cultivo, un 166% más que en 2016, y se espera que esta cifra se duplique en los próximos años.
También supone un cambio radical en el modelo productivo y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Frente al modelo agrícola, sector estratégico que emplea a más de 740.000 personas y garantiza la soberanía energética, las macroplantas de energías renovables apenas generan empleo.
Las consecuencias de esta situación son palpables en el día a día de los consumidores. Si la superficie cultivable se reduce, los olivos también lo hacen, lo que provoca la subida del precio del aceite independientemente de cómo sea la cosecha. En los últimos años el precio del aceite de oliva casi se ha triplicado.