El Gobierno sostiene que la presión de los jueces conservadores por los ascensos y el colapso del sistema judicial ha impulsado los avances en las negociaciones. Según fuentes socialistas consultadas por THE OBJECTIVE, muchos magistrados han visto truncadas sus carreras al jubilarse sin poder ascender, situación que no pueden seguir tolerando. Además, existe un consenso interno entre jueces y juristas de prestigio sobre la insostenibilidad de la situación actual. La presión también proviene de colegios profesionales preocupados por los retrasos judiciales y el riesgo a la tutela judicial efectiva.
Las negociaciones entre el Gobierno y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parecen haber tomado un rumbo positivo en las últimas horas, según fuentes gubernamentales. A pesar de la cautela, se menciona que un acuerdo podría ser inminente, posiblemente la próxima semana. Este acercamiento es el primero significativo desde que las negociaciones se rompieron en octubre de 2022 tras el anuncio de la reforma del Código Penal por parte de María Jesús Montero.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha instado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a demostrar liderazgo dentro de su partido, cuestionando si se alineará con los sectores más conservadores o cumplirá con la Constitución. Por su parte, Feijóo ha respondido evasivamente, criticando al Gobierno por no abordar los problemas reales de la justicia y presentando su propio plan de regeneración democrática con 60 medidas concretas.
En las conversaciones mantenidas entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el representante del PP, Esteban González Pons, se han intercambiado señales positivas tanto públicamente como en privado. A pesar de esto, el negociador gubernamental evitó dar detalles concretos en declaraciones recientes. Desde el Ejecutivo se mantiene que la presión interna en el PP por parte de la judicatura podría forzar un acuerdo antes de que el Gobierno opte por una reforma unilateral.
El plan alternativo del Gobierno, preparado junto con su socio minoritario de coalición, contempla una reducción gradual de las mayorías parlamentarias necesarias para elegir a los vocales del CGPJ y eliminar la facultad del Consejo de hacer nombramientos judiciales. Aunque se considera una medida constitucional, se ha enfatizado que sería un último recurso si no se llega a un acuerdo bipartito.
Finalmente, desde Moncloa se subraya que el conflicto puede resolverse en poco tiempo si el PP decide colaborar. De lo contrario, el Gobierno avanzará con su reforma unilateral, excluyendo a los conservadores del órgano de gobierno de los jueces. Este escenario sería desfavorable para el PP, ya que perdería la capacidad de influir en los nombramientos judiciales futuros.
