El Ministerio de Igualdad ha reconocido por escrito en el Congreso limitaciones operativas en el sistema de control telemático destinado a la protección de víctimas de violencia de género, en particular en aquellos supuestos en los que las órdenes judiciales de alejamiento se fijan en una distancia de 100 metros. Según la respuesta parlamentaria, recogida por Okdiario, estas condiciones reducen significativamente la eficacia del dispositivo conocido como pulsera antimaltrato.
El departamento que dirige Ana Redondo sostiene que la restricción espacial establecida por algunos órganos judiciales «no permite margen operativo suficiente» para la actuación de las fuerzas de seguridad. El Ejecutivo argumenta que el reducido intervalo de reacción dificulta o incluso impide una intervención preventiva efectiva, especialmente en escenarios en los que el agresor utiliza un vehículo para aproximarse a la víctima.
De acuerdo con la información facilitada, la empresa adjudicataria del servicio tenía la obligación contractual de disponer de un equipo específico para el seguimiento de casos con medidas inferiores a 500 metros. No obstante, la propia administración reconoce que las condiciones fijadas en determinadas resoluciones judiciales limitan la funcionalidad del sistema, independientemente de los recursos técnicos disponibles.
En este contexto, el Ministerio remitió comunicaciones a órganos judiciales advirtiendo de la falta de operatividad en distancias de 100 metros y solicitando su reconsideración. La cartera subraya que las órdenes de alejamiento deben constituir medidas reales de protección y no elementos meramente formales o simbólicos, insistiendo en la necesidad de establecer parámetros que reduzcan de forma efectiva el riesgo.
Asimismo, el Gobierno ha señalado que el sistema de control telemático emitió alertas en casos concretos, aunque reconoce que la capacidad de respuesta se ve condicionada por factores temporales y espaciales derivados de la propia medida judicial. Estas consideraciones se producen tras preguntas parlamentarias relacionadas con incidentes en los que presuntamente se vulneraron órdenes de alejamiento.
El contrato del sistema integral incluye la gestión de situaciones complejas, como cambios de domicilio, múltiples víctimas o agresores, y distancias reducidas. Sin embargo, la eficacia del dispositivo depende de la coordinación entre tecnología, condiciones judiciales y capacidad de intervención policial, según la respuesta oficial.
