La exvicepresidenta y exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tomó entre fuertes críticas la decisión de continuar con el plan de demolición de presas y barreras fluviales en plena sequía en mayo de 2023. Ribera sostuvo que estas acciones eran parte de un esfuerzo medioambiental, aunque las críticas no faltaron en la oposición, las comunidades agrícolas, los medios de comunicación y las redes sociales.
El Ministerio de Transición Ecológica tiene previsto destinar 2.500 millones de euros hasta 2030 para continuar con la retirada de estas infraestructuras, en un proyecto que se enmarca en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, lanzada en 2005 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que responde, según el Ejecutivo, a normativas europeas. Según el ministerio, estos trabajos no implican la destrucción de grandes presas en uso, sino que se centran principalmente en eliminar obstáculos abandonados que impiden el flujo natural de los ríos.
A pesar de estos argumentos, la realidad es que al menos 20 presas han sido ya derribadas, incluyendo algunas tan conocidas como las de Anllarinos en León, Yecla en Salamanca, Inturia en Navarra, Río Torío en León, Las Pericas en Albacete, Narboneta en Cuenca y Robledo de Chavela en Madrid. Asimismo, se estudia la posibilidad de demoler infraestructuras como las de Valdecaballeros en Badajoz y Los Toranes en Teruel. En total, desde 2005 se han eliminado 559 estructuras, entre azudes, pasos y cruces.
En 2021, España lideró la eliminación de barreras fluviales en Europa, con 108 estructuras retiradas, casi la mitad de las 239 que se eliminaron en todo el continente. Este trabajo, supervisado por el proyecto Dam Removal de la organización World Fish Migration, busca promover la conectividad de los ecosistemas acuáticos y restaurar los hábitats naturales.
Recientemente, el propio Ministerio defendió sus acciones en un hilo en Twitter, donde afirmó que el proceso de derribo de obstáculos fluviales es esencial para la restauración ecológica de los ríos españoles. Durante una sesión de control el pasado 26 de abril, Ribera defendió estos planes en respuesta a las críticas de PP y VOX, reiterando que este enfoque responde a un compromiso medioambiental en línea con las obligaciones europeas.
