El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que revisa la planificación hidrológica de una docena de demarcaciones hidrográficas para el periodo 2022-2027, que entre otras novedades incluye el establecimiento de un caudal ecológico mínimo en el río Tajo, que se aplicará de forma progresiva y que tiene como consecuencia el recorte gradual del trasvase Tajo-Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos de aquí a 2027.
En concreto, el Real Decreto incluye la revisión de los planes hidrográficos de las demarcaciones Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar, así como de la parte española de los ríos internacionales, compartidos con Portugal: Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana; y con Francia: Cantábrico Oriental y Ebro.
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha indicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la aprobación de la planificación hidrológica supone una muestra del trabajo «escrupuloso» y «riguroso» que da cuenta de como este Gobierno trabaja con anticipación y eficacia en la gestión de los recursos.
En su comparecencia, la vicepresidente tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera ha explicado que el Gobierno ha aprobado este tercer ciclo de planificación para las 12 cuencas que depende de la administración general del Estado y, además, de las demarcaciones de Galicia-Costa y Baleares y ha señalado que aún falta por aprobar Canarias y Andalucía.
En total, estas 12 cuencas abarcan el 86% del territorio y el 65% de la población tras un recorrido de tramitación de «algo más de tres años» en un «dilatado» proceso con el fin de facilitar la planificación con la aportación de todas las partes, según la vicepresidnta.
Ribera ha destacado las prioridades de la planificación que «por primera vez» tiene en cuenta los escenarios de cambio climático; el riesgo de inundación; las obligaciones en materia de saneamiento y depuración; la lucha contra la contaminación difusa; la gestión sostenible de las aguas subterráneas; garantizar la seguridad de suministro y mantener planes especiales para preservar la biodiversidad de espacios emblemáticos como Doñana, el Delta del Ebro, la Albufera de Valencia o las Tablas de Daimiel.
En cuanto a una de las cuestiones que más polémica ha suscitado la tramitación de este Real Decreto, el establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo que supondrá una reducción del volumen de agua trasvasable del Tajo al Segura, la vicepresidenta ha garantizado el compromiso del Gobierno con el Levante pero ha advertido de la necesidad de anticiparse para asegurar la disponibilidad de agua en las zonas con mayor riesgo en materia de recursos hídricos.
Por ello, ha defendido la aplicación «por primera vez» de un caudal ecológico para el Tajo, para garantizar la «buena gestión» con un caudal ecológico que no suponga «ningún riesgo» para las cuencas que hasta ahora se han beneficiado del Tajo-Segura.
En concreto, la nueva planificación contempla una reducción de 7 hectómetros cúbicos (hm3) del caudal trasvasable del Tajo al Segura en 2023 hasta llegar en 2026 a un recorte de 8,65 hm3. Sin embargo, ha asegurado que en «el peor de los escenarios» la reducción máxima de agua trasvasable está entre 70 y 110 hectómetros cúbicos, que se compensarán con inversiones para lograr disponer de recursos adicionales con agua desalada, reutilizada y con la eficiencia del regadío.
En este contexto, la vicepresidente ha afirmado que cumplir la legislación europea, nacional y las sentencias judiciales debe ser una «premisa incuestionable» para «cualquier» ciudadano, institución y grupo parlamentario, lo que supone la obligación de establecer caudales ecológicos.
