El nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo que está gestando el Gobierno de Pedro Sánchez promete ser el enésimo capítulo de la guerra del agua, una larga batalla entre regiones españolas por este recurso imprescindible para el desarrollo, que pone en entredicho la “solidaridad” entre las diferentes autonomías de España que pregona la Constitución.
Si la polémica acompañó al fallido trasvase del Ebro, proyecto enterrado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, la controversia no ha sido menor con el trasvase Tajo-Segura, que durante sus más de 40 años de historia ha dado lugar a una encarnizada contienda que, a tenor de las informaciones publicadas en los últimos días, promete acentuarse aún más.
El Ejecutivo está ultimando los planes de cuenca para el próximo ciclo de planificación hidrológica 2022-2027, sucediendo al Plan Hidrológico aprobado por el Gobierno de Rajoy en 2015. En el nuevo, según informó La Verdad, se prevé un recorte del trasvase que une al Tajo con el Segura, en tierras murcianas, de unos 90 hectómetros cúbicos anuales y, desde 2027, propone recortar 105 hectómetros cúbicos anuales, lo que supone un 40% de lo trasvasado anualmente según la media de los últimos años, recogió este martes El Mundo.
Los pretextos argüidos para esta decisión son el aumento de los caudales ambientales del Tajo fijados para su paso por Aranjuez ―que se eleva de 6 a 8,65 metros cúbicos por segundo― en línea con lo dictado por el Tribunal Supremo en 2019 y cumpliendo con la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, y a las nuevas demandas de Castilla-La Mancha ―gobernada por el PSOE― a través de la ‘Tubería manchega’, que derivarán agua del trasvase para nutrir sus tierras.
El trasvase Tajo-Segura
Las primeras aguas del Tajo entraron en la cuenca del Segura el 31 de marzo de 1979. Una de las mayores y más complejas obras de ingeniería hidráulica de España y Europa, que quedó culminada y se puso en funcionamiento en plena Transición. Desde aquellos primeros años estuvo rodeada por una polémica política y territorial que la ha acompañado en sus más de 40 años de vida.
El trasvase fue diseñado durante la dictadura del general Primo de Rivera. Finalmente, se aprobó en el año 1933, en tiempos de la II República y lo es a propuesta del ministro de Fomento, el socialista Indalecio Prieto. De hecho, fue el histórico dirigente del PSOE quien afirmó que aquellos que se opusieran al trasvase no eran otra cosa que “unos miserables traidores a España”. No fue, sin embargo, hasta la época franquista cuando el proyecto tomó cuerpo, siendo aprobado en 1968. En la Transición se culminaron las obras y se inauguró.
Nacido en los embalses de Entrepeñas y Buendía, en Guadalajara, el trasvase une éstos con el de Bolarque, situado entre las provincias de Cuenca y Guadalajara y, a través de unos impresionantes artificios de ingeniería lo conectan con el embalse de Talave en el cauce del río Mundo, en la provincia de Albacete, culminando con el llamado postrasvase en el río Segura, en tierras murcianas. De ahí se deriva, a su vez, una parte a Alicante y otra a Almería.
La ley fijó un trasvase máximo anual total de 650 hm3 en cada año hidrológico ―600 hm3 para el Segura y 50 hm3 para el Guadiana―, sin embargo, desde su puesta en marcha hace 43 años la media total anual que cruza los 300 kilómetros del trasvase es de alrededor de 320 hm3.
Beneficios producidos por el trasvase
Nacido con la vocación de nutrir a tierras carentes de agua, en base a la solidaridad entre regiones españolas, para las Comunidades receptoras ha habido unos impresionantes beneficios incontestables: el trasvase genera cada año en torno a 110.000 empleos directos principalmente en el sector agrícola, y alrededor de 30.000 más inducidos en el ámbito industrial y del transporte en las provincias de Alicante, Murcia y una parte de Almería.
Con sólo nutrir los campos de regadío de tres provincias, Murcia, Alicante y Almería, el trasvase aporta a la economía española más de 3.000 millones de euros al año. “Su contribución a la economía es superior a la del transporte aéreo, casi el doble que la pesca, y es más de tres veces la contribución de la silvicultura y explotación forestal en el conjunto del país”, asegura un informe de PwC recogido por Expansión.
Los aportes del trasvase permiten beber a 2.400.000 habitantes de las provincias de Murcia (57,28%), Alicante (42,6%) y Albacete (0,10%). En periodo estival supera los 3 millones de habitantes. Esta garantía ha producido a su vez un asentamiento de población continuo y estable en territorios tradicionalmente áridos, contrastando con el abandono de otras zonas rurales, lo que se conoce como la España vaciada.
Gracias al trasvase, los campos de Murcia, Alicante y Almería han pasado a ser cruciales para la agricultura nacional; no en vano, de ellos dependen el 71% de las exportaciones hortofrutícolas de España, siendo conocida como la huerta de Europa. Sin esta importante obra de ingeniería, el fuerte desarrollo vivido en el sudeste de España, que ha beneficiado a millones de sus habitantes y al conjunto de la riqueza nacional, hubiera sido inimaginable.
Muchos lobbies ecologistas han difundido el falso mito de que la agricultura es el principal consumidor del agua y culpable de problemas medioambientales como la desertificación. La realidad es que el principal consumidor de agua es el mar: el Tajo vierte al mar 17.000 hm3 al año, mientras el agua consumida es de 5.000 hm3.
La batalla del agua
A pesar de los evidentes beneficios que ha generado esta obra, la polémica ha acompañado durante décadas el trasvase, auspiciada por la Comunidad de Castilla-La Mancha, con su férrea defensa de los embalses de Entrepeñas y Buendía, que nutren la región y son a su vez la cabecera del trasvase.
Dependiendo del nivel de agua de los embalses, la cantidad a recibir por las regiones del sur se asigna de forma discrecional, estando en manos del Gobierno central. Por eso, desde los sectores beneficiados del sudoeste piden depender de la ley y de criterios técnicos, y no políticos, para el agua que se recibe.
Heredado del Gobierno de la UCD Adolfo Suárez, el Ejecutivo de Felipe González mantuvo las transferencias al Segura, pese a la fuerte oposición del dirigente socialista de Castilla-La Mancha José Bono. De hecho, González aprobó un trasvase en 1995 cuando los embalses manchegos estaban en los niveles más bajos de su historia.
José María Aznar siguió por la misma línea, llegando al tope de 600hm3 gracias a una época generosa en precipitaciones. Durante su mandato también se aprobó un proyecto hidrológico importantísimo: el trasvase del Ebro, pero éste fue derogado con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno en 2004, ya que el político socialista apostaba más por las desaladoras como alternativa a la falta de agua. Mariano Rajoy, fiel a su estilo con el mantenimiento de las políticas de su predecesor, no retomó el proyecto al llegar a la Moncloa.
Es más, el PP de Rajoy también tuvo sus peros con el trasvase Tajo-Segura. La secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, que además era presidenta de Castilla-La Mancha, acordó subir la reserva mínima de la cabecera del trasvase a 400 hm3, por debajo de la cual no se enviaría agua al sur.
Y así llegamos al Gobierno de Pedro Sánchez, cuya ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, sostiene que los trasvases “ya no tienen sentido” y apuesta por la necesidad de ahondar en técnicas como la desalinización o la depuración.
El Plan Hidrológico de Sánchez
El pasado mayo, tras el visto bueno del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Tajo al proyecto del Plan Hidrológico del Tajo, que aumentará los caudales ecológicos y provocarán importantísimos recortes en el trasvase, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page ―que parece no conocer la historia del trasvase, con las advertencias de Prieto incluidas―, celebró la medida y aseguró que España empezaba a “quitarse el lastre de una decisión tomada en la Dictadura”.
Otra de los puntos de fricción entre Castilla-La Mancha y las regiones beneficiadas es la aprobación, por parte de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, de un trasvase interno de 3 hm3, la mencionada ‘Tubería manchega’. Esta decisión ha aumentado la tensión, ya que solo beneficiará a municipios castellano-manchegos que en teoría deberían recibir agua del río Guadiana.
La guerra impulsada por el Gobierno de Sánchez al trasvase fue confirmada este martes tras una información de El Mundo. El Ministerio de Transición Ecológica, encabezado por Teresa Ribera, le da el visto bueno al nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, que propone recortar 105 hectómetros cúbicos anuales desde 2027, lo que supone más de un 40% de la media que se trasvasa anualmente a Almería, Murcia y Alicante; que, como ya hemos visto, ya estaba muy por debajo del máximo marcado por la ley.
La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, lo aprobará a finales de octubre o principios de noviembre, para tener completado el mapa hídrico de España en diciembre. Así se lo ha transmitido el propio Gobierno a las comunidades implicadas.
Desde el Ministerio aseguran que la fijación de caudales ecológicos “es un requisito ineludible que tenemos que acatar para dar cumplimiento a varias sentencias y requerimientos de la Unión Europea que han llegado a la conclusión que el rio Tajo en su cabecera tiene un serio problema de equilibrio ambiental”.
Castilla-La Mancha y el Ministerio apuestan por un cambio de modelo que priorice el agua desalada. Sin embargo, las desaladoras conllevan muchas desventajas. Las inversiones que habría que hacer para su puesta en marcha son ingentes, los consumos de electricidad enormes y el agua desalada podría perjudicar a la agricultura, especialmente a los cítricos ―recordemos que un beneficiario directo del trasvase es Alicante―, por no hablar de lo que tanto parece importar a los detractores del trasvase, el medio ambiente, ya que las desaladoras perjudican a la flora marina al aumentar la salinidad de las aguas.
Elecciones en 2023
No hay que pasar por alto que la puñalada gubernamental al trasvase se producirá a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas, que afectan a tres de las cuatro comunidades autónomas implicadas en el asunto. Con la decisión de recortar de manera radical el trasvase, el Gobierno de Sánchez colmaría las históricas exigencias de la Comunidad de Castilla-La Mancha, donde el PSOE se la juega el próximo mayo.
De hecho, la comunidad presidida por Emiliano García-Page es de los pocos feudos que le quedan al PSOE junto a Extremadura y Asturias ― en La Rioja, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias gobierna gracias al apoyo de otros partidos― y, aunque las últimas encuestas otorgan la mayoría absoluta a Page ―18 escaños frente a los 15 que sumarían PP y VOX―, el desgaste que supone para el PSOE el Gobierno central, la distancia podría menguar en los próximos meses. Además, los últimos sondeos apuntan a una victoria del PP en esa región de cara a las generales.
De las comunidades afectadas negativamente por el nuevo Plan Hidrológico, Andalucía celebró elecciones en junio, obteniendo una mayoría absoluta el PP. En la Región de Murcia el PSOE no tiene que hacer ―no gobierna desde 1995―, dando todas las encuestas la mayoría a la derecha. En cuánto a la Comunidad Valenciana, la situación es más complicada.
Según los sondeos, la revalidación del socialista Ximo Puig al frente de la Generalidad Valenciana se produciría en mayo por un margen mínimo, siendo el Partido Popular la fuerza más votada en la región. La decisión del Ejecutivo de Sánchez respecto al trasvase afectaría en la región valenciana a la provincia de Alicante, donde ya en 2019 la derecha obtuvo 450.000 votos, mientras la izquierda consiguió 410.000. De hecho, Alicante es la única de las tres provincias cuya diputación está presidida por la derecha. Quizá por eso Moncloa esté dispuesta a dar por perdida esta provincia con tal de asegurarse Castilla-La Mancha, aferrándose a un buen resultado en Valencia y Castellón.