El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado en el Consejo de Ministros una nueva ley que permitirá regular la actividad de los medios de comunicación y plataformas digitales en España, estableciendo un sistema de sanciones y un registro obligatorio gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La norma, presentada como una medida para «garantizar la pluralidad informativa», podría tener un impacto directo en la libertad de prensa y la independencia editorial.
El anteproyecto introduce cuatro grandes modificaciones: la obligación de que todos los medios de comunicación de alcance estatal se inscriban en un registro supervisado por la CNMC; la potestad de este organismo para realizar inspecciones y sancionar incumplimientos; la aplicación de un sistema de multas que puede alcanzar los 600.000 euros; y la posibilidad de suspender temporalmente la actividad de aquellos que infrinjan las normas establecidas.
Las sanciones varían según el tipo de medio. Para la televisión, las infracciones más graves pueden conllevar multas de hasta 600.000 euros, mientras que para la radio y la prensa escrita las penalizaciones más elevadas alcanzan los 200.000 euros. En el caso de plataformas digitales y motores de búsqueda, las multas oscilan entre los 150.000 y los 600.000 euros, e incluso pueden llevar a la prohibición de operar en España por un período máximo de dos años si acumulan varias infracciones graves.
Uno de los aspectos más polémicos es el control que se ejercerá sobre los medios con una audiencia superior al 10% en su respectivo ámbito. La ley otorga al Ministerio de Transformación Digital la potestad de autorizar o vetar fusiones entre medios, argumentando que es una medida para evitar la concentración del poder informativo. Además, el ministro podrá modificar este umbral si lo considera necesario, previo informe de la CNMC.
El Ejecutivo justifica la necesidad de esta ley alegando la incorporación de normativas europeas, como el Reglamento 2022/2065. Sin embargo, expertos en derecho comunitario han señalado que los reglamentos europeos tienen aplicación directa en los Estados miembros sin necesidad de transposición a la legislación nacional, lo que pone en entredicho la motivación real detrás de esta iniciativa gubernamental.
El proyecto también otorga amplios poderes a la CNMC, organismo cuya dirección ha sido renovada recientemente por el Gobierno con la designación de nuevos consejeros afines al PSOE. La CNMC tendrá la capacidad de llevar a cabo inspecciones en las sedes de medios digitales, motores de búsqueda y plataformas de servicios. Sus funcionarios podrán examinar documentación interna, sellar oficinas e incluso confiscar dispositivos electrónicos y archivos informáticos en caso de detectar irregularidades.
